ón de las campañas electorales: más allá del ...

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El CotidianoISSN: 0186-1840cotid@correo.azc.uam.mxUniversidad Autnoma Metropolitana UnidadAzcapotzalcoMxicoGonzlez Madrid, MiguelRegulacin de las campaas electorales: ms all del facultamiento y las capacidades de la autoridadelectoralEl Cotidiano, vol. 22, nm. 145, septiembre-octubre, 2007, pp. 16-22Universidad Autnoma Metropolitana Unidad AzcapotzalcoDistrito Federal, MxicoDisponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32514503 Cmo citar el artculo Nmero completo Ms informacin del artculo Pgina de la revista en redalyc.orgSistema de Informacin CientficaRed de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y PortugalProyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertohttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=325http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32514503http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32514503http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=7127http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32514503http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325http://www.redalyc.orgElecciones y democracia16Miguel Gonzlez Madrid*C asi veinte aos despus de quese promoviera en el pas un cambiopoltico sustancial en trminos de li-beralizacin de la competencia polti-co-electoral, las reformas a lalegislacin federal electoral que seefectuaron en 1996 permitieron darun pequeo salto cualitativo en cua-tro aspectos bsicos: a) la formaliza-cin de la ciudadanizacin del ConsejoGeneral del Instituto Federal Electo-ral (IFE) con la exclusin de toda par-ticipacin y representacin del poderejecutivo en dicho rgano; b) la flexi-bilizacin de las condiciones de regis-Regulacin de las campaaselectorales: ms all delfacultamiento y las capacidadesde la autoridad electoralEn la segunda mitad de 2007 seguramente crecer la insistencia en regular lascampaas electorales de acuerdo con un modelo de austeridad, de reduccin delfinanciamiento pblico a los partidos, de reduccin de los tiempos y gastos decampaa, de endurecimiento de las sanciones administrativas, de difusin de lascampaas slo a travs de medios oficiales y del acorazamiento de los actos pro-pios de una campaa para evitar su manoseo por los gobernantes en turno. Si biendespus del nio ahogado se quiere tapar el pozo, no es tarde para impulsaresas buenas intenciones ni mucho menos para redisear las instituciones electorales* Profesor-Investigador, UAM-Iztapalapa;Miembro del Cuerpo Acadmico ProcesosPolticos y Electorales.tro de los partidos polticos y de aque-llas para favorecer su participacin enla integracin de la representacinpoltica nacional; c) un mayor faculta-miento del IFE para fiscalizar los ingre-sos y gastos de los partidos polticosy establecer topes mximos de cam-paa; d) la consolidacin de un siste-ma de justicia electoral que incluye(d.1.) el reconocimiento constitucio-nal de un rgano jurisdiccional espe-cializado y autnomo en la materia,(d.2.) la instauracin de un sistema demedios de impugnacin para dar cer-teza a los procedimientos aplicables y(d.3.) el derecho de los partidos a ejer-citar la accin de inconstitucionalidadcon respecto a leyes electorales fede-rales y locales.El contexto y la proyeccin de in-tereses polticos cambiaron diez aosdespus. En 2006, el gran edificio nor-mativo fue puesto en tela de juicio ylas autoridades electorales (adminis-trativa y jurisdiccional) enfrentaronserios dilemas. Cuando en el procesoelectoral de 1999-2000 los dineros deoscuro origen de los amigos de Foxy del gremio petrolero comenzaron arebasar con mucho lo establecido enla ley para sufragar los gastos de cam-paa de sus candidatos a la presiden-cia de la Repblica, adems de que lacampaa foxista haba comenzado conmucha anticipacin, fue evidente queel edificio normativo haba comenza-do a erosionarse, pues las faltas de esanaturaleza slo pudieron ser sancio-El Cotidiano 145 17nadas econmicamente. Pero en 2006, con exceso de gas-tos de campaa, desafiantes intervenciones pblicas delpresidente de la Repblica para favorecer al candidato delPartido Accin Nacional, la emisin de propaganda negati-va y la indulgencia del Consejo General ante las continuasfaltas administrativas, no slo se hizo obvia la necesidadde reemplazar el marco jurdico lectoral, sino tambin la derevisar el facultamiento de los rganos electorales y lade establecer las causales de nulidad de una eleccin y lafacultad para declarar lo correspondiente.Ante el hecho de una pequea diferencia de votos ob-tenidos por Felipe Caldern Hinojosa y Andrs Manuel LpezObrador y en la hiptesis de que diversos principios consti-tucionales habran sido contravenidos principalmente por elPresidente de la Repblica en turno, durante los dos mesessiguientes a la eleccin del 2 de julio se discuti ampliamenteen los medios de comunicacin masiva, en crculos polticosy en foros acadmicos la posibilidad o, al contrario, la impo-sibilidad de que la Sala Superior del Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federacin (TEPJF) pudiera declarar lanulidad de la eleccin, no obstante que la clusula general noestaba establecida en la Constitucin Poltica federal ni enalguna regla o procedimiento de la ley de la materia.A casi un ao de esa eleccin, el cinismo de Vicente Foxdej en claro pblicamente que la hiptesis no estaba malconstruida. Recuerdo muy bien, por ejemplo, los argumen-tos que Lorenzo Crdova Vianello fue hilando en diversosmedios para sustentar la hiptesis, tal vez los ms coheren-tes y atrevidos, porque sealaba justamente una interpreta-cin principialista de la Constitucin Poltica tan necesariapara situaciones paradjicas como la de 2006. La constata-cin de que la hiptesis estaba bien construida fue precisa-mente la extraa valoracin judicial de las opiniones y accionesde Vicente Fox durante el proceso electoral, as como lacnica confesin ex post del Consejero Presidente del IFE amenos de un ao de esa eleccin acerca de las reiteradasintervenciones de Fox en el proceso electoral, que ste mis-mo habra de reconocer torpemente en 2007. Textualmen-te, el Dictamen relativo al cmputo final de la Eleccin dePresidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaracin devalidez de la eleccin y de presidente electo, emitido elcinco de septiembre de dos mil seis, dice lo siguiente:Sin embargo, esta Sala Superior no pasa por alto que lasdeclaraciones analizadas del Presidente de la RepblicaVicente Fox Quesada, se constituyeron en un riesgo parala validez de los comicios que se califican en esta deter-minacin que, de no haberse debilitado su posible influen-cia con los diversos actos y circunstancias concurrentesexaminados detenidamente, podran haber representa-do un elemento mayor para considerarlas determinantespara en el resultado final, de haber concurrido otras irregu-laridades de importancia que quedaran acreditadas.La guerra dentro (y desde antes)de las campaasLa guerra poltico-electoral para derribar la anquilosada es-tructura gubernamental prista habra comenzado tan pron-to como en 1997 el PRI perdi la mayora parlamentaria ysu ltimo jefe poltico nacional se convenci de la imposibi-lidad de llevar de la mano a su partido a un siguiente perio-do de gobierno. As que a los amigos de Fox se les ocurrila genial idea de comenzar anticipadamente la campaa elec-toral para aventajar a los dems competidores. Lino Korrodiy compaa no se esforzaron mucho para convencer a losdirigentes panistas de que Vicente Fox era el mejor candi-dato, aunque tampoco pudieron prevenir el vertiginosoapoderamiento de las estructuras panistas por el futuropresidente de la Repblica. Los poderosos intereses de gru-pos empresariales, de organizaciones clericales y de orga-nizaciones sindicales entraron en escena y apostaron noslo por los proyectos en cierne, sino en la expectativa degerenciarlos una vez ganadas las elecciones.El recato fue cosa del pasado y, a travs de cuentasconcentradoras disfrazadas para apoyar una de las ms lar-gas campaas electorales de facto que se recuerde, comen-zaron a inyectar grandes sumas de dinero adems de lasaportaciones individuales previstas por la ley que prontofueron a dar a las arcas de las radiodifusoras, medios decomunicacin impresos y, principalmente, a las televisoras. Losestudiosos del tema del marketing y de los medios de comuni-cacin masiva calculan que en los ltimos procesos electora-les federales el gasto de campaas y precampaas electoralesha tendido a concentrarse en pagos a dichos medios. Elcosto de la democracia electoral es, sin duda, un gran nego-cio de las televisoras y de los equipos de marketing.Puesto que la figura de precampaas no existe en lalegislacin electoral federal y en la consideracin de queprcticamente se llevaron a cabo actos anticipados de cam-paa desde 1998, es sostenible la hiptesis de que los aspi-rantes a candidatos a Presidente, del PAN y el PRI, acumularongastos que habran rebasado fcilmente los topes mximosde campaa del proceso electoral federal de 2000. As, tan-to el principio constitucional de prevalencia del financia-miento pblico con respecto al financiamiento privado (art.Elecciones y democracia1841 fraccin II prrafo segundo de la Constitucin Polticade los Estado Unidos Mexicanos) como la prohibicin deefectuar con anticipacin actos de campaa habran de serreiteradamente desatendidos.Con ingredientes nuevos, esa historia parece haberserepetido seis aos despus, en el proceso de 2005-2006. Y,otra vez, es altamente probable que la fiscalizacin de todoslos gastos y actos que seguramente impactaron en la elec-cin vuelva a ser una tarea no cumplida, pues no basta unafiscalizacin (contable y fiscal) de los informes de gastos decampaa. Por lo dems, con la legislacin actual, si los parti-dos polticos se encuentran en la hiptesis de exceso degastos de campaa y de difusin de spots por encima deltope autorizado, slo pueden ser sancionados econmica-mente, pero la calificacin y la validez de la eleccin quedanintocadas, inclumes. Entonces, paradjicamente, como sise tratara de una fsica electoral cuntica, la fiscalizacin esy no es, porque las faltas administrativas existen y no existen,segn se les observe o no. Todo depende de si es posiblemirarlas por medio de algn instrumento o alguna tcnicao slo se suponga su tipologa y estructura.A estas alturas, las dudas sobre la eficacia de la ley y lacapacidad de la autoridad saltan por doquier. Es insuficienteel facultamiento del rgano administrativo para vigilar quelos partidos y sus candidatos se conduzcan conforme a laley? es intencional la indulgencia de la autoridad ante lasrecurrente faltas de los actores polticos antes y durante lascampaas electorales? el legislador federal tendr la dispo-sicin de atender la necesidad histrica de un nuevo cambiosustancial del marco jurdico aun en contra del inters de lospartidos de mantener sus actuales prerrogativas? seguirnlos partidos en el umbral del autoengao electoral?Con fuerzas polticas con similar nivel de competitivi-dad, desde 2000, en nuestro pas las campaas electoralesliteralmente se han convertido en arenas para disputar elcontrol del pas; los partidos y sus candidatos han aprove-chado los instrumentos de promocin electoral que les per-mite la ley y aun otros que subrepticiamente son posibles alamparo de la imperfeccin de la ley. Sin embargo, en ltimainstancia estn los principios constitucionales que rigen lamateria electoral a fin de que la autoridad pueda dar un sig-nificado de mayor alcance a su facultad de vigilancia de losactores. Debido a dicha imperfeccin y a la propensin delos partidos a eludir las reglas cuando as lo creen conve-niente, se considera necesaria una reforma de fondo de la leyelectoral, incluso una ampliacin de principios y clusulas cons-titucionales en materia electoral que den certeza a los actosde autoridad en la vigilancia de los actores, la prevencin defaltas administrativas y la aplicacin de sanciones radicales,incluyendo la nulidad de una eleccin. La mxima dura lex estlex no debera significar por cierto una aplicacin tcnica-mente rgida de la ley independientemente del contexto yde los entramados institucionales, sino su aplicacin jurdica ypolticamente oportuna conforme a una articulacin gramati-cal, sistemtica y funcional de sus disposiciones.Si bien las campaas electorales han derivado en esce-narios de guerra de todos contra todos, ms all de la con-frontacin ideolgica y de la proyeccin reiterativa deimgenes de los candidatos, no deberan suponer un usoindiscriminado de recursos, tiempos y espacios. Su acota-miento debe progresar y su desarrollo debe apegarse antetodo al principio de igualdad de condiciones para los compe-tidores. La reduccin radical del periodo y de los costos decampaas es clave para definir ese acotamiento, pero tam-bin lo es la transformacin del modelo de financiamientoordinario y extraordinario de los partidos.El significado jurdico de las campaaselectoralesLas campaas electorales estn constituidas de actosconcatenados y secuenciales de promocin de plataformasideolgicas y de intenciones de los partidos y sus candida-tos, as como de la imagen pblica de quien es postulado aun cargo de eleccin popular, que tienen por finalidad in-fluir en las preferencias de los ciudadanos. Una definicinsimilar es la que se proporciona en el Diccionario Electoralpublicado en 2006 por el INEP: Una campaa electoral esun conjunto de acciones lcitas, coordinadas y escalonadas,que tienen el propsito de persuadir a los electores paraque emitan su voto a favor de un candidato. La campaaconstituye una fase del proceso electoral y se realiza en elperiodo previo a la eleccin, durante el cual candidatos riva-les compiten por el apoyo popular. Del mismo modo, segnel Diccionario Electoral de IIDH-CAPEL, una campaa electorales el conjunto de actividades organizativas y comunicativasrealizada por los candidatos y partidos que tienen como pro-psito captacin de votos. Estas actividades estn sujetas anormas y pautas de actuacin que garanticen y permitan laigualdad de los competidores, la limpieza y transparencia delproceso electoral y la neutralidad de los poderes pblicos. Enmuchos pases, estas actividades son financiadas, directa oindirectamente por fondos pblicos.Para el caso mexicano, el artculo 182 del Cdigo Fede-ral de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) defi-ne de la manera siguiente a la campaa electoral:El Cotidiano 145 191. La campaa electoral, para los efectos de este Cdigo,es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los par-tidos polticos nacionales, las coaliciones y los candidatosregistrados para la obtencin del voto.2. Se entiende por actos de campaa las reuniones pbli-cas, asambleas, marchas y en general aquellos en que loscandidatos o voceros de los partidos polticos se dirigenal electorado para promover sus candidaturas.3. Se entienden por propaganda electoral el conjunto deescritos, publicaciones, imgenes, grabaciones, proyeccio-nes y expresiones que durante la campaa electoral pro-ducen y difunden los partidos polticos, los candidatosregistrados y sus simpatizantes, con el propsito de pre-sentar ante la ciudadana las candidaturas registradas.4. Tanto la propaganda electoral como las actividades decampaa a que se refiere el presente artculo, debernpropiciar la exposicin, desarrollo y discusin ante el elec-torado de los programas y acciones fijados por los parti-dos polticos en sus documentos bsicos y,particularmente, en la plataforma electoral que para laeleccin en cuestin hubieren registrado.En efecto, una campaa electoral es parte de la etapade preparacin de un proceso electoral y antecede casiinmediatamente a la jornada electoral, la cual es propia-mente la segunda etapa de dicho proceso. El casi significaque entre la finalizacin de una campaa y el da de la jor-nada electoral media un lapso de reflexin ciudadanasobre las opciones publicitadas y, por tanto, sobre la conve-niencia de votar por uno u otro partido o candidato, inclu-so de no hacerlo en ese sentido. Consecuentemente, setrata de un lapso en el que dicha reflexin no debe serinterferida por propaganda electoral alguna, ni llamado p-blico alguno a ejercer derechos poltico-electorales, preci-samente para garantizar tanto la igualdad de condicionesdel libre ejercicio de esos derechos por los ciudadanos comola igualdad de condiciones de los competidores.El principio de igualdad de condicionesde la competencia electoral (significadotico de las campaas)Este principio determina que cualquier propaganda a favorde un partido, coalicin o candidato, as como cualquierestudio (lase encuestas), debate o informe sobre las cam-paas y el posicionamiento que presuntamente cada cualha logrado, tienen un tiempo y una oportunidad estableci-dos en la ley. El lapso que sigue a las campaas y hasta elmomento en que se cierra la votacin en las casillas esestrictamente un espacio propio de los ciudadanos para pen-sar y manifestar su voluntad. As, la autoridad que prepara yorganiza la eleccin debe limitarse en ese lapso fundamen-talmente a proveer a los ciudadanos de las condicionestcnicas, materiales y jurdicas que establece la ley paraconcretar esa voluntad.El libre ejercicio de los derechos ciudadanos y la seguri-dad jurdica que debe proveer la autoridad competente sonindispensables para dar certeza a los actos que se desarro-llan entre el trmino de las campaas y el inicio del escrutinioy cmputo de los resultados de la votacin. As, la calificacinde esos resultados y la emisin de la declaratoria de validez dela eleccin no slo deberan estar legitimadas conforme a unprocedimiento legal-constitucional, sino adems por la for-ma de realizacin de derechos poltico-electorales.Para el caso de la calificacin y la validacin de la elec-cin de Presidente de Estados Unidos Mexicanos, la facul-tad recae en la Sala Superior del TEPJF, responsable de darcumplimiento a los plazos procesales para garantizar la re-paracin material y jurdica de las violaciones administrati-vas cometidas al resolver los medios de impugnacininterpuestos. El problema no es que esta autoridad ejerzasu facultad conforme a un procedimiento jurdico, que in-corpora los medios de impugnacin promovidos, sino quesu umbral de decisin se cierra para este caso precisamen-te en la consideracin de los datos del cmputo final de lavotacin que le aporta la autoridad administrativa, y aun enlos que ella pueda confirmar por propia indagacin.Por otra parte, el principio de igualdad que debe regirtoda contienda electoral en Mxico tiene como finalidad almenos tres cosas:a) Evitar que determinadas personas hagan uso de suposicin para alcanzar mayor nmero de votos, lo que ob-viamente afectara el resultado de la eleccin (Sala Supe-rior. S3EL 068/98. Juicio de revisin constitucional electoral.SUP-JRC-128/98. Partido del Trabajo. 4 de noviembre de1998. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Jos Luis de la Peza.Secretario: Rubn E. Becerra Rojasvrtiz. En Tesis Relevan-tes y de Jurisprudencia. Tercera poca, 2005).b) En el caso de la asignacin a los partidos de tiemposy espacios en medios de comunicacin, gubernamentales oestatales, el principio de igualdad debe ser coherente con el deneutralidad del gobierno y con el de distribucin igual de opor-tunidades a entidades que se encuentran en la misma situa-cin para alcanzar la misma meta. As se deriva de lodispuesto por los artculos 44 y 45 del COFIPE, y lo ha sus-tentado la Suprema Corte de Justicia de la Nacin para unElecciones y democracia20caso local en sentencia publicada en el Diario Oficial de laFederacin, 5 de abril de 2004, con relacin a la accin deinconstitucionalidad 2/2004 y su acumulada 3/2004.c) Permitir que los ciudadanos puedan efectivamenteevaluar las opciones de voto en el marco de iguales libertades,de modo que los partidos y sus candidatos estn obligados arespetar los espacios de aquellos que garantizan las leyes, locual incluye (c.1.) la ausencia de coercin en la propagandaelectoral y dems actos de campaa, (c.2.) el lapso de re-flexin previo a la jornada y durante sta y (c.3.) la libertadde eleccin. Es obvio que esto significa que los partidos y suscandidatos debern dar igual trato a los ciudadanos confor-me al rgimen de libertades e igualdad de oportunidades. Laprohibicin a los partidos y los candidatos a realizar actosnegativos encuadra perfectamente con la finalidad de darprioridad a una competencia en condiciones de igualdad que,a su vez, incluye el respeto recproco. En consonancia conesto, el artculo 186 prrafo 2 del COFIPE establece: 2. Lospartidos polticos, las coaliciones y los candidatos que realicenpropaganda electoral a travs de la radio y la televisin debe-rn evitar en ella cualquier ofensa, difamacin o calumnia quedenigre a candidatos, partidos polticos, instituciones y terce-ros. En suma, los ciudadanos pueden ejercitar sus libertadescon los elementos de conviccin a su alcance, siempre queno sean contrarios a derecho ni denegados por la ley.Regulacin principialista como filosofaHay la falsa discusin entre quienes apoyan reformas a laley porque no est a la altura de las circunstancias (el argu-mento es que hay nuevas realidades que requieren ser en-cauzadas jurdicamente) y quienes simplemente estnconvencidos de que la ley es bastante para ser cumplida.Las dos posiciones son correctas relativamente: hay nuevasrealidades que deben ser reguladas, pero debe preferirseun tipo de leyes basadas en principios; al mismo tiempo, elejercicio de derechos que parecen estar reconocidosexhaustivamente en las leyes se actualiza conforme a untipo de correlacin entre principios y derechos estableci-dos. Esta hiptesis puede ser robustecida mediante el ar-gumento siguiente que plantea Juan Jos Solozbal. el carcter principial de muchas de las clusulas cons-titucionales lo que denota es que el constituyente no selimita a establecer una estructura poltica determinandosus elementos y garantizando la actuacin funcional delos mismos: no se trata, dira yo, de establecer un meroEstado de derecho, un aparato de poder en el que imperela ley, aplicada por tribunales independientes y cuya for-macin ha sido el resultado de un limpio proceso demo-crtico, sino de instituir un Estado material de derecho,que supera una concepcin meramente procesal del or-den constitucional, de modo que se justifique la actua-cin del Estado no slo por su correccin, sino por suorientacin al servicio de determinados fines estableci-dos en ltima instancia desde la tica, aunque no operendirectamente desde este plano, sino como referenciasmediadas por el derecho que efectivamente integran ydesde el que constitucionalmente han de entenderse1.Sin duda, el problema de la falta de reglas puede sercompensada o a veces suplida por principios que confor-man el espritu constitucional y el fundamento ltimo delorden constitucional, aunque el legislador debe reconoceresas nuevas realidades conforme a dos lentes: los princi-pios (de contenido tico-poltico) y las clusulas ligadas aderechos y obligaciones generales (que conllevan a unacomprensin generalmente gramatical de la norma). Es cier-to que, como dice Juan Jos Solozbal, lo que diferencia alos principios de otras normas incompletas es su capacidadmoduladora y generativa, eventualmente tambin su con-dicin de normas supletorias.De lo anterior se desprende la idea de que, ante eldoble hecho de una incapacidad de la autoridad para hacervaler las reglas y de una astucia sorprendente de los actorespolticos para eludirlas, la regulacin de las campaas electo-rales debe pasar por dos grandes filtros: a) el de una reeva-luacin de la legislacin vigente conforme a principiosconstitucionales que rigen la materia, a fin de evitar un am-biente de descalificacin generalizada de la norma, concreta-mente de su pertinencia y su eficacia inherente; y b) el deuna redefinicin de derechos y obligaciones de los partidosy los ciudadanos en materia poltico-electoral que permitareducir el umbral de necesidades materiales del procesoelectoral en su conjunto y, por tanto, facilite el rediseo delas facultades de la autoridad electoral administrativa.Rediseo de la regulacin de lascampaas electoralesSi el principio de igualdad de la contienda electoral debeguiar predominantemente toda la regulacin electoral, pues-to que culturalmente hemos preferido una tradicin latina1 Juan Jos Solozbal, Principialismo y orden constitucional en workingpapers nm. 55, Barcelona, 1988, .El Cotidiano 145 21a una tradicin anglosajona basada ms en el principio delibertad de expresin ilimitada, entonces tiene sentido unalgica de proceso electoral intenso de ciclo corto, al contrariode una lgica de proceso electoral extenso de ciclo largo. Estotiene dos pretensiones: a) contener la propensin de loscompetidores a aprovechar los tiempos marginales quederivan de un tipo de reglas laxas, sintomticamente enun-ciativas y cuyo alcance est limitado por una breve escalade castigos; y b) reducir sensiblemente los tiempos del pro-ceso electoral, especialmente en lo que conciernen a losprocesos internos de los partidos, la integracin de losconsejos distritales y de las mesas directivas de casillas, elregistro de candidatos y las campaas electorales.Es impensable el rediseo de la regulacin de las cam-paas electorales al margen de otros actos del procesoelectoral. La preferencia por el principio de igualdad de lacontienda electoral, que debera conducir a su vez a unapreferencia por el ciclo corto e intensivo, es coherentecon el objetivo de reduccin del costo de la democracia electo-ral, y esto implica tanto el costo del rgimen de partidoscomo el del entramado administrativo y, tal vez, jurisdiccio-nal. Si bien a una sociedad como la nuestra, que aspira aregirse por mtodos democrticos, le es propio un pro-yecto de promocin de la participacin permanente de losciudadanos, en realidad la democracia electoral no cubrelas expectativas de una democracia participativa y, por ello,no tiene razn de ser el mantenimiento de periodos largospara su aplicacin en la renovacin de gobernantes.En el mapa de propuestas para un rediseo de las ins-tituciones electorales, que incluye las reglas aplicables, eltema de una nueva regulacin de las campaas y precam-paas ocupa un lugar central, pero a mediados de 2007 seagregaron dos temas relevantes: el de la reduccin delfinanciamiento a los partidos polticos (incluso basada enuna dependencia exclusiva de fondos pblicos) y el de lasustitucin del formato IFE por un formato de competen-cias nacionales del rgano electoral administrativo que,adems, sera la base para una nueva etapa de reestructu-racin de las competencias de los rganos electorales lo-cales.Una veta de ese tema fue evidenciada provocativamentepor Mauricio Merino Huerta, en sus aos de consejeroelectoral del Consejo General del IFE, en distintos foros dediscusin electoral. Aunque la proposicin era y sigue sien-do coherente con una lgica de racionalizacin del gastoelectoral federal y local, adoleca de una comprensin plausi-ble de las razones histricas del federalismo y de la des-centralizacin impulsada desde los aos de 1980. La minaha sido apuntalada recientemente por el PRD y el PRI con lagenial idea de un Instituto Nacional Electoral; probable-mente con un desenlace en esa direccin de la reformaelectoral por venir y con una tcnica que envidiara elmejor cirujano plstico dichos partidos puedan finiquitaradems el asunto de los consejeros incmodos del 2006.Propuestas relevantesCon los acontecimientos poltico-electorales de 2006, laspropuestas de reforma electoral se han centrado en temasrelevantes que tienen que ver con las campaas, los me-dios, el financiamiento de los partidos y las intervencionesgubernamentales.En ese tenor, tres de las propuestas actualizadas msrelevantes de reforma en materia electoral corresponden:a) al Frente Amplio Progresista (FAP), conformado por elPRD, el PT y Convergencia; b) al PRI; y c) al Comit Conciu-dadano para la Reforma Electoral, integrado por agrupa-ciones sociales, acadmicos, especialistas y consejeros localesy distritales del Instituto Federal Electoral.Bsicamente, en su propuesta dada a conocer el 23 demayo de 2007 mediante desplegado difundido en mediosimpresos, para el FAP es importante que la reforma electo-ral se concentre en aspectos relacionados con la incorpo-racin de reglas de austeridad, la eficacia de los rganoselectorales, la neutralidad gubernamental, la transformacindel sistema de justicia electoral y la incorporacin de tec-nologas, a saber:a) La prohibicin absoluta del uso comercial de la ra-dio y la televisin para fines polticos y electorales;b) La distribucin equitativa de los tiempos oficiales delos partidos y candidatos;c) La reduccin del monto de las prerrogativas de lospartidos;d) La reduccin de los tiempos y gastos de campaa;e) La proscripcin del financiamiento privado para lospartidos polticos y los candidatos;f) La regulacin de las precampaas, as como de losprogramas sociales y la propaganda gubernamental en pe-riodos electorales;g) La implantacin del voto universal y directo de losciudadanos mexicanos en el extranjero y su representa-cin en el Congreso;h) La creacin del Instituto Nacional de Elecciones yde Participacin Ciudadana, investido de autoridad, impar-cialidad y vocacin federativa; yi) La implementacin de urnas electrnicas.Elecciones y democracia22Adems de la creacin de un Instituto Nacional de Elec-ciones y de Participacin Ciudadana, se observan comotemas prioritarios los siguientes: i) la cancelacin del usode medios como la televisin y la radio para actos de pro-paganda electoral, ii) la reduccin de los topes y gastos decampaa y iii) la reduccin de prerrogativas a los partidos.El PRI coincidi por esa fecha con los temas priorita-rios planteados en el desplegado del FQAP, y se habl inclu-so de una posible alianza con el PRD para impulsar la reformaelectoral en esa direccin. Es posible que el PRI revele suverdadero proyecto de reformas ms bien al vencimientodel plazo que se otorgaron los legisladores federales paratal efecto, con la pretensin de avanzar en negociacionescon el PRD o, en su caso, con el PAN, en una actitud media-dora que, por tanto, le permita distanciarse de un posiblefracaso legislativo.Simultneamente al FAP, el Comit Conciudadano parala Reforma Electoral plante la necesidad de dar paso a unInstituto Electoral Nacional (INE), entre cuyas funciones es-tara la de sancionar a partidos, candidatos, gobernantes,asociaciones de toda ndole (incluso religiosas), empresasprivadas (entre ellas de medios de comunicacin) y parti-culares, en caso de que se determine que hubo participa-cin ilegal en el proceso electoral o que se ponga en riesgola democracia y la equidad en la contienda. Del mismomodo, propuso, entre otros temas2.a) Reducir en ms de cincuenta por ciento el financia-miento pblico de los partidos;b) La administracin y regulacin de toda propagandao publicidad electoral por el nuevo INE;c) Realizar las campaas polticas en medios electrni-cos nicamente en tiempos oficiales y distribuidos de ma-nera equitativa o, excepcionalmente, slo si fuera necesario,en medios de comunicacin privados en tiempos y espa-cios contratados directamente por el INE.d) Permitir a los partidos el financiamiento privado cuan-do sea regulado con base en procesos distintos de fiscaliza-cin y se prevean sanciones a institutos polticos, candidatosy personas fsicas o morales que ilegalmente hayan contri-buido al soporte econmico de las campaas;e) Endurecer las multas administrativas, ampliar las fa-cultades de la autoridad electoral en la imposicin de aqu-llas, aumentar el catlogo de infracciones administrativasde servidores pblicos y dar atribuciones al INE para solici-tar a la Secretara de Hacienda auditoras a personas fsicaso morales;f) Introducir la figura de candidaturas independientes(como ha sido el caso de Yucatn).En el conjunto de esas propuestas hay la conviccin decombatir la ineficacia normativa y la incapacidad de la autori-dad electoral para sancionar y, en su caso, invalidar actosafectados de origen. Sin embargo, lo ms importante es irms all del facultamiento y las capacidades de la autoridadelectoral, que, entonces, permita construir nuevas bases parala democracia en este pas. As, es recomendable evitar queel debate sobre la reforma electoral sea abandonado a lacuestin de la transicin de un formato federal-descentrali-zado de rganos electorales a otro de carcter nacional-centralizado, sobre todo por los vnculos que el tema tienecon la actual integracin del Consejo General.Tan lejos como se pueda (conclusin)En la segunda mitad de 2007 seguramente crecer la insis-tencia en regular las campaas electorales de acuerdo conun modelo de austeridad, de reduccin del financiamientopblico a los partidos, de reduccin de los tiempos y gastosde campaa, de endurecimiento de las sanciones administra-tivas, de difusin de las campaas slo a travs de mediosoficiales y del acorazamiento de los actos propios de unacampaa para evitar su manoseo por los gobernantes enturno. Si bien despus del nio ahogado se quiere tapar elpozo, no es tarde para impulsar esas buenas intenciones nimucho menos para redisear las instituciones electorales,salvo que los partidos polticos representados en las cma-ras del Congreso General quieran seguir repitiendo las his-torias truculentas electorales que prcticamente todomundo conoce.El modelo es pertinente luego de las experiencias de2000 y 2006; presupone principios que estn orientados agarantizar la igualdad de las condiciones de la contiendaelectoral (sin demeritar libertades ciudadanas), a recupe-rar la confianza en la autoridad electoral, a conducirse lejosdel financiamiento privado furtivo y a revalorar los dere-chos de los ciudadanos por sobre los intereses de las oli-garquas de los partidos.Con la reforma electoral por venir hay que ir tan lejos comose pueda: tan lejos como las campaas electorales dejen deser un negocio redondo para las televisoras, tan lejos de lafalta de certeza en el cmputo de la votacin y tan lejoscomo pueda ser posible el fin de la partidocracia Para-djicamente, los partidos mismos tendrn que signar sufuturo en esos trminos o quedar condenados a seguirnavegando en aguas turbias y turbulentas.2 Vase La Jornada del 23 de mayo de 2007.