El régimen procesal de los delitos sexuales perseguibles a instancia de parte

  • Published on
    18-Dec-2014

  • View
    3.302

  • Download
    0

DESCRIPTION

El rgimen procesal de los delitos sexualesperseguibles a instancia de parte (*)

Transcript

1. el rgimen procesal de los delitos sexuales perseguiBles a instancia de parte (*) Arantza Libano Beristain Profesora de Derecho Procesal Universidad Autnoma de Barcelona RESUMEN ABSTRACT el rgimen procesal de los delitos sexuales the procedural regulation of sexual offences perseguibles a instancia de parte prosecutable at the request of the offended partyEl presente trabajo pretende analizar el contenido del The present work aims to analyze the content of theartculo 191 del Cdigo Penal, precepto en el que se article 191 of the Penal Code, provision which inte-integran las peculiaridades existentes en materia de grates the existent distinctive features regarding pros-perseguibilidad, sobre todo en punto a la puesta en ecution, mainly about the start up of the penal process,marcha del proceso penal, en algunos delitos sexua- in some sexual offences. In this respect, among theles. Al respecto, entre las diversas modalidades perse- diverse prosecuting modalities included in this articlecutorias incluidas en dicho artculo del texto penal de of the penal text of 1995, it stands out that the Prose-1995, sobresale la de que el Ministerio Fiscal pueda, cutors can, by means of a complaint, after consideringmediante querella, tras ponderar los legtimos intere- the existing rightful interests, commence legal pro-ses en presencia, incoar el procedimiento sin nece- ceedings with no need of the previous report or com-sidad de la previa denuncia o querella de la vctima plaint from the offended person (of legal age, capable(mayor de edad, capaz y no desvalida). Y es que se and not disabled). And it is the only event in which thetrata del nico supuesto en que el legislador penal ha criminal lawmaker has left such a possibility, in thosedejado, en casos de infracciones penales no persegui- cases of criminal offences non liable to prosecution exbles de oficio, tal posibilidad a la Fiscala. officio, to the Prosecutors office.palabras clave: Denuncia, vctima, querella, Fiscala, Key Words: Report, victim, complaint, Prosecutorsperdn, delito sexual. office, pardon, sexual offence. sumarioI. INTRODUCCIN.II. LOS DELITOS SExUALES PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE. (*) Esta investigacin se inserta en el marco del proyecto de investigacin Tutela jurisdiccional de la vctima dela violencia de gnero: anlisis y propuestas [DER2009-10749 (subprograma JURI)], financiado por el Ministerio deCiencia e Innovacin y por el FEDER. 75 2. revista de derecho penal 1. la iniciacin del proceso. A) Vctima menor de edad, incapaz o desvalida: denuncia del representante legal o del Ministerio Fiscal. B) Vctima mayor de edad, capaz y no desvalida: denuncia de la vctima o querella del Ministerio Fiscal. Especial consideracin de la clusula querella del Ministerio Fis- cal, que actuar ponderando los legtimos intereses en presencia. 2. el desarrollo del proceso penal. 3. la conclusin del proceso penal: la ineficacia jurdica del perdn.III. BIBLIOGRAFA.I. INTRODUCCINEl presente trabajo pretende analizar el contenido del artculo 191 del Cdigo Penal, pre-cepto en el que se integran las peculiaridades existentes en materia de perseguibilidad,sobre todo en punto a la puesta en marcha del proceso penal, en algunos delitos sexuales.En concreto, dicho precepto establece lo siguiente: 1. Para proceder por los delitos deagresiones, acoso o abusos sexuales, ser precisa denuncia de la persona agraviada, de surepresentante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuar ponderando los legtimosintereses en presencia. Cuando la vctima sea menor de edad, incapaz o una persona des-valida, bastar la denuncia del Ministerio Fiscal. 2. En estos delitos el perdn del ofendido o del representante legal no extingue laaccin penal ni la responsabilidad de esa clase. Con relacin a la mencionada categora de la perseguibilidad, cabe sealar que lamayor parte de los delitos en el sistema procesal espaol son pblicos (o perseguibles deoficio), pues el ius puniendi se aplica con independencia de la actitud y voluntad de lapersona que ha resultado ofendida por el hecho delictivo (artculo 105 Ley de Enjuicia-miento Criminal en adelante, LECr). Sin embargo, existen ciertos tipos delictivos enlos cuales la actividad del ofendido cobra especial relevancia, hasta el punto de que sin esacolaboracin no podr siquiera incoarse el procedimiento. Dentro de este segundo grangrupo, el de los delitos perseguibles a instancia de parte, cabe distinguir dos regmenes.En primer lugar, el de aqullos en los que la puesta en marcha del procedimiento consti-tuye una decisin del ofendido, pero que una vez producida aqulla, puede afirmarse quela continuacin del proceso queda sustrada de la voluntad de la vctima; si bien, en algu-nos tipos penales su conclusin queda en sus manos mediante la institucin del perdn.Ello da lugar a los delitos, tradicionalmente denominados, semipblicos (o semiprivados).Frente a la situacin anterior, en los delitos privados la propia continuacin del procedi-miento queda en todo momento vinculada a la actuacin del ofendido, de manera que de 76 3. el rgimen procesal de los delitos sexuales perseguiblesrenunciar ste a dicha continuacin se pondra fin automticamente al proceso iniciado(artculo 106.II LECr (1)). Los delitos de agresiones, acoso y abusos sexuales se incluyen, con alguna nota espe-cfica, en la primera de las dos ltimas tipologas referidas, es decir, pertenecen al grupode los denominados delitos semipblicos, lo que implica una serie de consecuencias queprecisan ser examinadas con detenimiento. Adems, tal como ser analizado, las caracte-rsticas de la vctima (capacidad, edad, etc.) influyen, asimismo, en la esfera de la perse-guibilidad.II. LOS DELITOS SExUALES PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTEEl hecho de encontrarnos ante uno de los grupos de ilcitos penales que con mayor fre-cuencia ha sido reformado desde la entrada en vigor del Cdigo Penal de 1995, conti-nuando de esta manera con la (infinita) senda de modificaciones a las que el legisladornos acostumbr con el texto punitivo anterior, hace mantener ciertas cautelas sobre ladurabilidad de la regulacin actual (2), tal como ha quedado evidenciado con la promulga-cin de la Ley Orgnica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgnica10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal. Y es que dicha reforma que ha entradoen vigor el 23 de diciembre de 2010 tambin ha introducido cambios en el mbito de losdelitos sexuales. Ahora bien, quiz el aspecto que, con diversos matices, ha perdurado alaluvin de reformas, aunque con una tendencia hacia su progresiva publificacin (3), hasido precisamente su consideracin como infracciones penales perseguibles a instanciade parte. (1) En concreto, dicho artculo 106 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice as: La accin penal por delito ofalta que d lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito o falta que no puedan ser perseguidos sino a instancia departe, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan. (2) Entre los grandes hitos de las ltimas reformas habidas en esta materia, pueden destacarse los siguientes:mediante la Ley Orgnica 3/1989 se sustituy la honestidad por la libertad sexual como bien jurdico protegido; laLey Orgnica 10/1995 transform en esencia la regulacin otorgada a la libertad sexual; la Ley 35/1995, por la que seestablece un sistema de ayudas y asistencia a las vctimas directas e indirectas de delitos dolosos y violentos y contrala libertad sexual aun cuando stos se perpetraren sin violencia; la Ley Orgnica 11/1999, aadi al rtulo del ttuloVIII, junto con la libertad, la referencia a la indemnidad sexual y, entre otras cuestiones, reform sustancialmente eldelito de acoso sexual. Y, por ltimo, la Ley Orgnica 15/2003 tambin signific modificaciones como la de incluirjunto a la introduccin de objetos, la de miembros corporales como referencia especfica. Adems de todas las reformascomentadas, tngase en cuenta la incidencia de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de ProteccinIntegral contra la Violencia de Gnero. (3) Por su parte, FUENTES SORIANO, Olga, La iniciacin cuasi pblica de los procesos por delitos sexua-les, en Derecho Penal y discriminacin de la mujer-Anuario de Derecho Penal 1999-2000 (dir.: Hurtado Pozo, Jos),Lima-Friburgo (Suiza), Pontificia Universidad Catlica del Per-Universidad de Friburgo, 2001, p. 281, considera quela entrada en vigor del artculo 191.1 CP supone dar un paso de gigante en el camino de la publificacin de losdelitos sexuales. 77 4. revista de derecho penal El ttulo VIII del libro II del Cdigo Penal relativo a los delitos contra la libertad (4) eindemnidad (5) sexuales (6) incluye la agresin y abuso as como el acoso sexual, los delitosde exhibicionismo y provocacin sexual, y, por ltimo, los relativos a la prostitucin y lacorrupcin de menores (7). Como se desprende del rtulo del ttulo mismo, el bien jurdicoa proteger en tales supuestos resulta indiscutiblemente individual y personal. Sin embargo, no todas las infracciones penales incluidas en dicho ttulo VIII contienenpeculiaridades en el mbito de la perseguibilidad, pues hasta la reforma de 2010 stas slose predicaban de los tres primeros captulos (artculos 178-184), esto es, de la triple Adel sexo (agresin, abuso y acoso sexual) (8). Pese a ello, el captulo VI rubricado Dis-posiciones comunes a los Captulos anteriores (a los cinco por tanto) inclua el artculo191 del Cdigo Penal, exclusivamente referido a la categora de la perseguibilidad de lostres primeros captulos (9). Esta tcnica legislativa bastante frecuente a la hora de esta-blecer excepciones a la perseguibilidad de oficio trae causa del criterio imperante enla clasificacin de las infracciones penales, cual es el de su bien jurdico (y no segn superseguibilidad). Como ya hemos sealado, la Ley Orgnica 5/2010, que ha entrado en vigor en diciem-bre de 2010, ha variado el panorama existente hasta el momento. Y es que mediante lacitada norma se crea, dentro del ttulo VIII del libro II del Cdigo Penal, un nuevo captuloII bis De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece aos. La duda que nos (4) ASA BATARRITA, Adela, Las agresiones sexuales en el nuevo Cdigo Penal: imgenes culturales y dis-curso jurdico, en Anlisis del Cdigo Penal desde la perspectiva de gnero, Vitoria, Emakunde/Instituto Vasco de laMujer, 1998, p. 74, compara la diferente visin existente tras ambos bienes jurdicos: Si en la concepcin anterior lalimitacin de la libertad de la mujer era el presupuesto de su honestidad y por ello lo que le haca digna de proteccin,ahora se invierte el significado. Es la constriccin de la libertad, lo que colorea la ilicitud de la conducta. (5) Incluido mediante la Ley Orgnica 11/1999. Un sector doctrinal entenda suficiente el concepto de libertadsexual para aunar la totalidad de sujetos (tambin menores e incapaces) que podan ser vctima de un ilcito de los pre-vistos en el ttulo VIII del libro II del Cdigo Penal. Entre otros, podemos destacar a los siguientes autores: LAMARCAPREz, Carmen, La proteccin de la libertad sexual en el nuevo Cdigo penal, Jueces para la Democracia, 1996,n. 27, p. 57, nota 44; MORALES PRATS, Fermn y GARCA ALBERO, Ramn, Comentarios al nuevo Cdigo Penal(dir.: Quintero Olivares, Gonzalo; coord.: Valle Muiz, Jos Manuel), 2. ed., Pamplona, Aranzadi, 1999, pp. 238 y 239;DEz RIPOLLS, Jos Luis, La proteccin de la libertad sexual, Barcelona, Bosch, 1985, pp. 24-29. (6) Sin embargo, tal como se ha destacado por la doctrina cientfica, en este ttulo no se incluyen todas las in-fracciones penales contrarias a la libertad e indemnidad sexual. Por todos, DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio Octavio,Agresin, abuso y acoso sexual en el Cdigo penal de 1995, Actualidad Penal, 1996, n. 32, p. 613. En otro sentido,estimamos acertada la reflexin de ASA BATARRITA, Adela, Las agresiones sexuales en el nuevo Cdigo Penal:imgenes culturales y discurso jurdico, cit., p. 99, cuando sostiene que esa connotacin sexual frecuentemente slolo es para el autor del hecho delictivo y no, en cambio, para la vctima. De ah que, como propuesta de lege ferenda,ASA BATARRITA Adela, Las agresiones sexuales en el nuevo Cdigo Penal: imgenes culturales y discurso jurdi-co, cit., p. 101, considere ms precisa su ubicacin como delitos contra la integridad moral. (7) Se muestran contrarios a configurar estos delitos en un ttulo autnomo por considerar que son una moda-lidad de infracciones que atentan contra la libertad y que, por ello, deban incluirse en dicho ttulo DEz RIPOLLS,Jos Luis, El Derecho Penal ante el sexo, Barcelona, Bosch, 1981, pp. 218-226; LAMARCA PREz, Carmen, Laproteccin de la libertad sexual en el nuevo Cdigo penal, cit., p. 50, nota 2. (8) La expresin es de DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio Octavio, Agresin, abuso y acoso sexual en el Cdigopenal de 1995, cit., p. 613. (9) Destaca tambin dicho aspecto ORA GONzLEz, Javier, Los delitos de lesiones y contra la libertadsexual. Primeras notas crticas, Revista La Ley, n. 4044, de 27 de mayo de 1996, ref. D-186, p. 1349. 78 5. el rgimen procesal de los delitos sexuales perseguiblessuscita tal reforma es si los dos preceptos que integran dicho captulo II bis (artculos 183y 183 bis) resultan perseguibles a instancia de parte. Al respecto, se ha de destacar que el rgimen procesal previsto en el artculo 191 de lanorma penal, precepto que no se ha visto reformado, se aplicar a los delitos de agresio-nes, acoso o abusos sexuales. Adems, se ha de tener en cuenta que tanto el artculo 183como el 183 bis del Cdigo Penal aluden exclusivamente a supuestos donde la vctima esmenor de edad (en concreto, menor de trece aos) (10). La ubicacin otorgada a los delitosde abusos y agresiones sexuales a menores de trece aos (captulo II bis) detrs delos delitos de agresiones (captulo I) y abusos (captulo II) sexuales y antes del delito deacoso sexual (captulo III) parece que apunta a que lo sealado en el artculo 191 resul-tar en tales casos asimismo aplicable. Y el hecho de que tales infracciones penales slo serefieran a vctimas menores de edad no impide acudir a la categora de la perseguibilidad ainstancia de parte, dado que el propio artculo 191.1 se refiere a tal supuesto. En otro orden de cuestiones, se ha de traer a colacin lo dispuesto en el artculo 104.Ide la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice as: Las acciones penales que nacen de losdelitos de estupro (...) tampoco podrn ser ejercitadas por otras personas, ni en manera dis-tinta que las prescritas en los respectivos artculos del Cdigo Penal. Fcilmente se perci-ben las importantes diferencias terminolgicas el delito de estupro (11) no existe como tal (10) A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgnica 5/2010, el artculo 183 del Cdigo Penal establece losiguiente: 1. El que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor de trece aos ser castigadocomo responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisin de dos a seis aos. 2. Cuando el ataque se produzca con violencia o intimidacin el responsable ser castigado por el delito de agre-sin sexual a un menor con la pena de cinco a diez aos de prisin. 3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por va vaginal, anal o bucal, o introduccin de miembros corpo-rales u objetos por alguna de las dos primeras vas, el responsable ser castigado con la pena de prisin de ocho a doceaos, en el caso del apartado 1 y con la pena de doce a quince aos, en el caso del apartado 2. 4. Las conductas previstas en los tres nmeros anteriores sern castigadas con la pena de prisin correspondienteen su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o fsico de la vctima la hubiera colocado en una situacin de total indefensin y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro aos. b) Cuando los hechos se cometan por la actuacin conjunta de dos o ms personas. c) Cuando la violencia o intimidacin ejercidas revistan un carcter particularmente degradante o vejatorio. d) Cuando, para la ejecucin del delito, el responsable se haya prevalido de una relacin de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopcin, o afines, con la vctima. e) Cuando el autor haya puesto en peligro la vida del menor. f) Cuando la infraccin se haya cometido en el seno de una organizacin o de un grupo criminales que se dedicaren a la realizacin de tales actividades. 5. En todos los casos previstos en este artculo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condicin de autori-dad, agente de sta o funcionario pblico, se aplicar, adems, la pena de inhabilitacin absoluta de seis a doce aos. Asimismo, la Ley Orgnica 5/2010 aade un nuevo artculo 183 bis, que dispone lo siguiente: El que a travs deInternet, del telfono o de cualquier otra tecnologa de la informacin y la comunicacin contacte con un menor detrece aos y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en losartculos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompae de actos materiales encaminados al acercamiento,ser castigado con la pena de uno a tres aos de prisin o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penascorrespondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrn en su mitad superior cuando el acerca-miento se obtenga mediante coaccin, intimidacin o engao. (11) El delito de estupro, segn el texto penal anterior al Cdigo Penal de 1995, abarcaba las siguientes con-ductas: La persona que tuviere acceso carnal con otra mayor de doce aos y menor de dieciocho, prevalindose de susuperioridad, originada por cualquier relacin o situacin, ser castigada, como reo de estupro, con la pena de prisin 79 6. revista de derecho penalen el Cdigo Penal de 1995, como de fondo dicho estupro, adems, parece que sloresultaba coincidente con algunas modalidades de abuso sexual entre el reproducidoprecepto procesal con respecto a la regulacin contenida en el texto penal de 1995. A modo de conclusin, se constata en la esfera de la delincuencia sexual una reduccinde las peculiaridades persecutorias, en el sentido de que cada vez se aproximan en mayormedida a las infracciones penales pblicas. Al respecto, cabe destacar la clusula contenidaen el artculo 191.1 del Cdigo Penal que posibilita la puesta en marcha del correspon-diente proceso penal mediante querella del Ministerio Fiscal, ponderando los legtimosintereses en presencia, en casos en que la vctima es mayor de edad, capaz y no desvalida.A continuacin analizaremos los tres estadios o fases que cabe diferenciar en el mbito dela perseguibilidad en los mencionados delitos sexuales:1. la iniciacin del procesoEl Cdigo Penal de 1995 a la hora de establecer peculiaridades en materia de perseguibi-lidad en algunas infracciones penales, con el consiguiente alejamiento del criterio general,opta por la diferenciacin en funcin de las caractersticas de la vctima que ha sufridoel hecho delictivo. En concreto, ello lleva a distinguir dos grandes regmenes en sede deincoacin del proceso: la vctima menor de edad, incapaz o desvalida y la vctima mayorde edad, capaz y no desvalida. Tal divisin se observa, asimismo, desde la ptica de la actuacin del Fiscal, en elartculo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que, desde 1882, establece losiguiente: Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrn la obligacin de ejercitar, conarreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren proceden-tes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Cdigo Penal reser-va exclusivamente a la querella privada. Tambin debern ejercitarlas en las causas por losdelitos contra la honestidad que, con arreglo a las prescripciones del Cdigo Penal, debendenunciarse previamente por los interesados, o cuando el Ministerio Fiscal deba, a su vez,denunciarlos por recaer dichos delitos sobre personas desvalidas o faltas de personalidad.Llama poderosamente la atencin la mencin a los delitos contra la honestidad. Al res-pecto, el citado artculo 105 de la norma procesal penal deber interpretarse como unanorma procesal en blanco que precisa ser integrada con las correspondientes disposicionesdel Cdigo Penal vigente de 1995 (12). Lo anterior afecta no slo al mbito estrictamentemenor. La pena se aplicar en su grado mximo cuando el delito se cometiere por ascendiente o hermano del estu-prado (artculo 434 del Cdigo Penal en adelante, CP derogado); Comete, asimismo, estupro la persona que,interviniendo engao, tuviere acceso carnal con otra mayor de doce aos y menor de diecisis. En este caso la pena serde arresto mayor (artculo 435 CP derogado); Se impondr la pena de multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas alque cometiere cualquier agresin sexual, concurriendo iguales circunstancias que las establecidas en los dos artculosprecedentes (artculo 436 CP derogado). (12) Aun cuando GIMENO SENDRA, Vicente, Derecho Procesal Penal, 1. ed., Madrid, Colex, 2004, p. 176,se est refiriendo al artculo 104 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en nuestra opinin dicha afirmacin resulta,asimismo, predicable del artculo 105 de la norma procesal penal. 80 7. el rgimen procesal de los delitos sexuales perseguiblesterminolgico (13), sino tambin en lo que atae a los concretos tipos penales no persegui-bles de oficio. Y es que de la lectura de dicho artculo 105 de la Ley de EnjuiciamientoCriminal pareciera que los nicos ilcitos penales que integran actualmente la categora delas tradicionalmente denominadas infracciones semipblicas son los sexuales (14). Ahora bien, como especificidad del rgimen previsto para las agresiones, acoso y abu-sos sexuales y en concreto para los casos en que la vctima rene las caractersticas men-cionadas en segundo lugar (mayor de edad, capaz y no desvalida), la Ley Orgnica 10/1995ha introducido una novedosa clusula en el nmero 1 del artculo 191 del Cdigo Penalque permitir al Ministerio Fiscal mediante querella, seala el precepto la puesta enmarcha del correspondiente proceso penal aun sin la concurrencia de la denuncia de lapropia vctima.A) Vctima menor de edad, incapaz o desvalida: denuncia del representante legal o del Ministerio FiscalEn primer lugar, al objeto de concretar la figura de la representacin legal en estos supues-tos en que el inters protegido por el Cdigo Penal es de ndole personal (aqu la libertade indemnidad sexual) se ha de acudir a las normas establecidas al respecto en el CdigoCivil. As, los dos supuestos ms frecuentes en cuanto a la representacin legal de meno-res de edad e incapaces son, por una parte, la regulacin contenida en los artculos 162y 163 del Cdigo Civil (en adelante, CC), preceptos que se refieren a la representacinlegal que ostentan los padres con respecto a los hijos menores no emancipados; adems,cabe mencionar aqu la prrroga en la patria potestad, con su consiguiente repercusinen materia de representacin, que se producir cuando los hijos incapacitados alcancenla mayora de edad (ex artculo 171 Cdigo Civil). Y, por otra, debe ser mencionada larepresentacin legal que ostenta el tutor segn lo dispuesto en los artculos 222 y 267 dela norma civil. (13) No creemos que resulte desmedida la exigencia de que en la ley procesal penal se produzca el acomodopreciso en relacin con aquellos cambios introducidos en la norma penal ya mediante la Ley Orgnica 3/1989, quemodific el bien jurdico a proteger a partir de entonces (libertad sexual) y erradic la referencia a la honestidad. (14) En la actualidad, junto con los delitos sexuales objeto de nuestro anlisis, se contienen, asimismo, espe-cialidades persecutorias dejando de lado los delitos privados contra el honor, que recoge el artculo 215 en lossiguientes preceptos penales: artculo 161 (delito de reproduccin asistida no consentida); artculo 201 (delitos dedescubrimiento o revelacin de secretos); artculo 228 (en relacin con los delitos de abandono de familia e impago depensiones); artculo 267 (delito de daos imprudentes); artculo 287 (delitos contra el mercado y los consumidores);artculo 296 (delitos societarios); artculo 639 (con respecto a las faltas penales contenidas en los artculos 620, 621 y624.1). Sin embargo, en el momento de aprobarse la decimonnica Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Cdigo Pe-nal de 1870 entonces vigente, las infracciones penales graves que conformaban la categora de las semipblicas eranalgunos delitos contra la honestidad (violacin y rapto ejecutado con miras deshonestas). En concreto, el artculo 463.Iy II del Cdigo Penal de 1870 deca as: No puede procederse por causa de estupro sino instancia de la agraviada de sus padres, abuelos tutor. Para proceder en las causas de violacin y en las de rapto ejecutado con miras deshonestas, bastar la denunciade la persona interesada, de sus padres, abuelos tutores, aunque no formalicen instancia (...) [Cursiva aadida]. Talcomo se desprende del precepto reproducido, las expresiones a instancia de y formalizar instancia equivalan a losdelitos privados en lo que se refiere a la incoacin del proceso. 81 8. revista de derecho penal Destaca, en comparacin con la regulacin contenida en el Cdigo Penal anterior (ar-tculo 443.I (15)), la ausencia de toda referencia al guardador de hecho. Al respecto, y deacuerdo con MARCOS AYJN, cabe tildar de desafortunada tal omisin (16). Y es que lapresentacin de denuncia por quien, sin ser representante legal del menor o incapaz, tienesu guarda y custodia, cobra cierto sentido en supuestos de acogimiento. Aun con todo,dicha ausencia puede resultar de alguna manera suplida a travs de la denuncia del Minis-terio Fiscal, tal como ha puesto de relieve el propio MARCOS AYJN (17). No obstante lo anterior, la aplicacin de la mencionada regulacin civil en el procesopenal no ofrece solucin a algunas cuestiones de difcil respuesta. Veamos algunas de ellas.En primer lugar, la referencia a la persona desvalida resulta una mencin un tanto vaga eindefinida, ya que lo nico que se desprende del tenor del artculo 191.1 del Cdigo Penales que se trata de una tercera categora, distinta de la minora de edad y de la incapacidad (18).Sin embargo, a partir de ah todos son interrogantes pues no es claro cundo existe desvali-miento, ni si en tales casos resultarn vlidas tanto la denuncia (sin necesidad de querella)del Ministerio Fiscal como la de la propia vctima. Tal imprecisin genera cierta inseguridadjurdica, mxime si se tiene presente que en la normativa anterior el legislador no se refirien los delitos sexuales con peculiaridades en materia de perseguibilidad a la situacin de des-valimiento, al aludir el artculo 443 del Cdigo Penal derogado, tras la Ley Orgnica 3/1989,exclusivamente a los menores o incapaces como segunda gran categora de vctimas. Adems, existen supuestos en los que la aplicacin de la legislacin civil puede com-portar soluciones un tanto insatisfactorias. En concreto, nos referimos al siguiente su- (15) El artculo 443.I del texto penal anterior estableca lo siguiente: Para proceder por los delitos de violacin,agresiones sexuales, estupro y rapto bastar denuncia de la persona agraviada o del ascendiente, representante legal oguardador de hecho, por este orden, o del Ministerio Fiscal, cuando se tratare de menores o incapaces. (16) MARCOS AYJN, Miguel, Una nueva concepcin del principio de oportunidad: la denuncia en el CdigoPenal de 1995, Tribunales de Justicia, 1997, n. 6, p. 651. (17) MARCOS AYJN, Miguel, Una nueva concepcin del principio de oportunidad: la denuncia en el CdigoPenal de 1995, cit., pp. 651 y 652. (18) En cambio, no quedaba claro que fuera sta la acepcin empleada en el artculo 602 del Cdigo Penal ante-rior, que estableca lo siguiente: En las faltas perseguibles previa denuncia del ofendido o perjudicado, en defecto destos, podrn tambin instar la incoacin del procedimiento sus herederos o su representante legal. El Ministerio Fiscal podr denunciar en los casos que considere oportuno, en defensa de la persona agraviada sista fuere de todo punto desvalida. (...) [Cursiva aadida]. La duda tambin se planteaba con anterioridad a la reformaoperada a travs de la Ley Orgnica 3/1989 en el Cdigo Penal derogado. Al respecto, tngase en cuenta la redaccin delos tres primeros prrafos del artculo 443 del texto penal en aquel entonces: Para proceder por los delitos de violacin,abusos deshonestos, estupro y rapto bastar denuncia de la persona agraviada o del ascendiente, representante legal oguardador de hecho, por este orden. Por los menores de diecisis aos podrn denunciar los hechos el Ministerio Fiscal, la Junta de Proteccin deMenores o cualquier Tribunal Tutelar de Menores. El Ministerio Fiscal podr denunciar y el Juez de instruccin proceder de oficio, en los casos que considerenoportunos, en defensa de la persona agraviada si sta fuere de todo punto desvalida [Cursiva aadida]. Por ltimo,tampoco pareca ser sa la intencin del legislador del Cdigo Penal de 1870, pues del precepto que reproducimosa continuacin cabra extraer como consecuencia que se trataba de una submodalidad de la minora de edad y de laincapacidad. En concreto, el artculo 463.III del texto penal de 1870 dispona lo siguiente: Si la persona agraviada ca-reciere por su edad o estado moral de personalidad para comparecer en juicio, y fuere adems de todo punto desvalida,careciendo de padres, abuelos, hermanos, tutor curador que denuncien, podrn verificarlo el Procurador sndico elFiscal por fama pblica [Cursiva aadida]. 82 9. el rgimen procesal de los delitos sexuales perseguiblespuesto: como regla general, la representacin legal se extingue, entre otras causas, por elfallecimiento del representado (artculos 169.1. y 171.1. CC, en relacin con la patriapotestad; artculo 276.3. CC, para con la tutela). Ahora bien, cabe plantearse si sera po-sible la presentacin de denuncia por el representante legal aun en contra del parecerdel Ministerio Fiscal, tras la muerte de la vctima menor de edad o incapaz, cuando elmotivo de no haber denunciado con anterioridad el representante legal del menor o inca-paz fue precisamente para no causar ulteriores daos a quien ya haba sido objeto de unaagresin, abuso o acoso sexual. Una aplicacin rigurosa de la ley civil excluira tal opcin,dado que la categora de la representacin ha quedado extinguida. Sin embargo, desde unainterpretacin teleolgica podra llegar a resultar admisible, aun con alguna duda al res-pecto, tal supuesto. Otra cuestin de inters es la discrepancia que pudiera existir a la horade presentar la correspondiente denuncia entre el representado (menor de edad o incapaz)y el representante (19). Debemos destacar, asimismo, el debate doctrinal suscitado en lo que respecta a la exis-tencia o no de una prelacin en los sujetos facultados para remover el escollo e incoar as elcorrespondiente proceso penal. Al respecto, encontramos opiniones contrapuestas en tornoa si la intervencin de la Fiscala resulta escalonada (20) o, por el contrario, se halla a unmismo nivel y resulta alternativa (21) a la del representante legal. El tema viene de antiguo,dado que el anterior artculo 443 del Cdigo Penal s que estableca expresamente una pre-ferencia que deba ser respetada (por este orden). El Cdigo Penal de 1995, en cambio,ha omitido cualquier tipo de prelacin al respecto. En nuestra opinin, el Ministerio Fiscaldebera tener en cuenta la decisin del representante legal en punto a la no presentacinde denuncia. Entendemos as, que existe en el caso del Ministerio Fiscal una especie desubordinacin, o, como mnimo, de toma en consideracin de la voluntad reacia del repre-sentante legal en torno a la presentacin de la correspondiente denuncia. Adems, en rela-cin con la actuacin de la Fiscala en casos de menores, incapaces y personas desvalidas,consideramos que dicha intervencin no puede ser en ningn caso automtica, pese a noexistir a diferencia de lo que sucede cuando la vctima es mayor de edad, capaz y no des-valida clusula alguna que prevea la necesidad de realizar algn tipo de ponderacin (22).Aun con todo, somos conscientes de que la literalidad de la ley puede llevar a preferir enambos casos la solucin contraria. (19) Al respecto, QUERALT JIMNEz, Joan Josep, Derecho Penal espaol. Parte Especial, 4. ed., Barcelona,Atelier, 2002, p. 142, seala que hubiera sido necesario aclarar si tal representante puede obrar en contra de la volun-tad del ofendido. En mi opinin, tratndose de mayores de edad, no. (20) SUREz-MIRA RODRGUEz, Carlos, El delito de acoso sexual, Poder Judicial, 3. poca, 1997 (II),n. 46, p. 320; MATALLN EVANGELIO, ngela, El nuevo delito de acoso sexual, Valencia, Revista General delDerecho, 2000, p. 84, aun cuando reconoce la admisibilidad de la interpretacin contraria. (21) CANCIO MELI, Manuel, Los delitos de agresiones sexuales, abusos sexuales y acoso sexual, RevistaLa Ley, n. 4181 de 5 de diciembre de 1996, ref. D-366, p. 1632. (22) En sentido semejante, LAMARCA PREz, Carmen, La proteccin de la libertad sexual en el nuevoCdigo penal, cit., p. 61, quien realiza la siguiente observacin: no se requiere ponderacin alguna de los interesesque pudieran concurrir en el caso, lo que ciertamente no se comprende muy bien, pues tambin aqu pueden existirlegtimos intereses para no iniciar el procedimiento, en especial cuando la vctima, mayor de edad, no se encuentraen condiciones de realizar la denuncia. En cambio, CANCIO MELI, Manuel, Los delitos de agresiones sexuales,abusos sexuales y acoso sexual, cit., p. 1632, entiende que en estos supuestos el Ministerio Fiscal deber formulardenuncia en todo caso. 83 10. revista de derecho penalB) Vctima mayor de edad, capaz y no desvalida: denuncia de la vctima o querella del Ministerio Fiscal. Especial consideracin de la clusula querella del Ministerio Fiscal, que actuar ponderando los legtimos intereses en presencia La segunda categorizacin de vctima abarca los supuestos en que concurren los tressiguientes caracteres: mayora de edad, capacidad y no desvalimiento. Si faltara alguna dedichas notas, entrara en juego el rgimen anteriormente expuesto. En los casos en que eltitular del bien jurdico protegido (la libertad sexual) rene esas tres caractersticas apunta-das, el Cdigo Penal de 1995 establece dos posibilidades a la hora de remover el obstculoexistente: la denuncia de la vctima o la querella de la Fiscala. Tampoco aqu resulta cuestin pacfica la de si ambas intervenciones en sede de in-coacin del proceso la de la vctima y la del Ministerio Fiscal resultan entre s al-ternativas o subordinadas (23). Nos resulta preferible el criterio de que la actuacin de laacusacin pblica se produzca de manera secundaria, esto es, tras conocer y haber odo lasrazones de la vctima para no presentar la correspondiente denuncia.a) Denuncia de la vctimaLa primera de las posibilidades previstas en el artculo 191.1 del Cdigo Penal para estetipo de vctimas conforma precisamente la diferencia ms caracterstica existente entre elrgimen general y el establecido en las infracciones penales semipblicas. Y es que talesrequisitos subjetivos y de forma en sede de incoacin del proceso concurrirn, en princi-pio, en todos los delitos y faltas no perseguibles de oficio (24). En estos casos, por tanto, ladenuncia (como mnimo) de la vctima capaz y no desvalida que ha cumplido los dieciochoaos remover el escollo existente en materia de perseguibilidad.b) Querella del Ministerio FiscalSin embargo, la clusula contenida en el artculo 191.1 del Cdigo Penal que permite alMinisterio Fiscal, mediante la ponderacin (25) y (26) de los legtimos intereses en presencia,la incoacin del proceso penal por un delito de agresin, acoso o abuso sexual en casos enque la vctima no entra en ninguna de las tres categoras que para el legislador precisan deuna proteccin reforzada, reviste sin gnero de duda una de las novedades ms llamativasen materia de perseguibilidad. Su relevancia se ha de relacionar con la apertura que supone (23) De esta opinin BEGU LEzAUN, Juan Jos, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, Barcelona,Bosch, 1999, p. 230. (24) Como excepcin a lo anterior, cabe destacar lo establecido para los procesos por delito privado, donde serequiere de la presentacin de querella (no resulta, por tanto, suficiente la denuncia). (25) En opinin de un sector de la doctrina, que no compartimos, tal decisin adoptada por el Ministerio Fiscalen este punto no resulta revisable por el rgano judicial: BEGU LEzAUN, Juan Jos, Delitos contra la libertad eindemnidad sexuales, cit., p. 230; ARIAS EIBE, Manuel Jos, Las agresiones sexuales en el Cdigo Penal espaol:estado actual de la cuestin, Actualidad Penal, 2001, n. 17, p. 384. (26) Segn MONTALBN HUERTAS, Mara Inmaculada, Delitos contra la libertad sexual (cuestiones prc-ticas), Jueces para la democracia, 1998, n. 32, p. 65, dicha ponderacin requiere de la previa audiencia a la vctima,opinin esta que compartimos. 84 11. el rgimen procesal de los delitos sexuales perseguiblessin saber a ciencia cierta en qu supuestos resultar de aplicacin para que el Ministe-rio Pblico pueda vlidamente incoar el proceso penal por infraccin semipblica cuandola persona agraviada es plenamente capaz (27). La redaccin del artculo 191.1 del Cdigo Penal ha permanecido invariada desde laentrada en vigor de la norma penal actualmente vigente. Por su parte, la Ley Orgnica5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviem-bre, del Cdigo Penal, ha continuado por esa senda, y no ha reformado el mencionado ar-tculo 191.1. Sobre el particular, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no contiene referenciaalguna, dado que en su artculo 105 slo se alude a la intervencin del Fiscal en las causaspor los delitos contra la honestidad cuando se trate de una vctima desvalida o falta depersonalidad (28). La doctrina dominante (29) contrapone a la hora de fijar los elementos que integran laponderacin exigida en el artculo 191.1 del Cdigo Penal, por un lado, la persecucin deunos hechos aparentemente constitutivos de una infraccin penal (a modo de inters p-blico); y, por otro, la preservacin de la intimidad de la vctima (como un bien de carcterms personal) (30). Sin embargo, entendemos que precisamente se es el origen (uno de losorgenes) de la propia existencia de las infracciones penales no perseguibles de oficio, don-de la vctima ser quien haya de decidir sobre dicho extremo. Por ello, no consideramosplenamente satisfactoria aquella interpretacin, pues desplazara su mbito decisorio de lavctima a la Fiscala. Independientemente de la posicin que se mantenga en torno a la clusula comentada,no queda en ningn caso explicado aun cuando normalmente se la haya ligado con laesfera ntima a la que afectan dichos supuestos por qu se ha concedido esta facultad alMinisterio Fiscal slo en los delitos de agresin, acoso y abuso sexual en que la vctima (27) Un sector de la literatura penal efecta una valoracin positiva en torno a dicha clusula. As, MORALESPRATS, Fermn y GARCA ALBERO, Ramn, Comentarios al nuevo Cdigo Penal (dir.: Quintero Olivares, Gonzalo;coord.: Valle Muiz, Jos Manuel), 2. ed., cit., p. 303; LAMARCA PREz, Carmen, La proteccin de la libertadsexual en el nuevo Cdigo penal, cit., p. 61; CANCIO MELI, Manuel, Los delitos de agresiones sexuales, abu-sos sexuales y acoso sexual, cit., p. 1632. En cambio, merece la dura crtica de QUERALT JIMNEz, Joan Josep,Derecho Penal espaol. Parte Especial, 4. ed., cit., p. 142: Se trata, salvo mejor opinin, de una muestra de estadopaternalista que slo cum grano salis puede ser admitida; por ejemplo, vejaciones sexuales generalizadas (en una insti-tucin cerrada), acoso sexual extendido en una empresa, (...) . Fuera de casos anlogos, donde la impotencia y el miedode los agraviados sea moneda comn, no parece lcita la intervencin del Ministerio fiscal, pues infligir a la vctimams dao del que se quiere reparar. (28) Recordemos que el artculo 191.1 in fine del Cdigo Penal tambin se refiere a este supuesto, al establecer losiguiente: Cuando la vctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastar la denuncia del MinisterioFiscal. (29) Tal cuestin ha sido estudiada en LIBANO BERISTAIN, Arantza, Los delitos semipblicos y privados: As-pectos sustantivos y procesales, Barcelona, J.M. Bosch, 2011, pp. 443-451. Con independencia de su anlisis en dichasede, nos gustara destacar aqu la opinin de ALONSO RIMO, Alberto, Vctima y sistema penal: Las infracciones noperseguibles de oficio y el perdn del ofendido, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, pp. 184-186, 417-423, quien precisa-mente intenta dotar de una significacin restrictiva a dicha clusula. (30) As, por ejemplo, GIMENO SENDRA, Vicente, Derecho procesal penal, 1. ed., cit., p. 179, considera queel inters que ha de legitimar la interposicin por parte del Ministerio Fiscal de una querella, en contra incluso de lavoluntad de la ofendida, no puede ser otro sino el inters pblico en la prevencin de la libertad sexual en tanto bienjurdico, no slo individual, sino tambin socialmente relevante [Cursiva aadida]. 85 12. revista de derecho penales mayor de edad y capaz. Los chantajes a los que puede verse sometida dicha persona nojustifican la interferencia consistente en que el Ministerio Pblico pueda finalmente teneren sus manos la decisin sobre tal aspecto. Por ello, el argumento de que, ante la desapari-cin paulatina de los efectos del perdn en esta esfera de la criminalidad, la totalidad de laspresiones se concentrarn en el momento inicial del proceso, no deviene motivo suficientea la hora de legitimar la novedosa intervencin del Ministerio Fiscal para que remueva elescollo previsto por el legislador. Ello obligara, asimismo, a justificar por qu en los delitos semipblicos contra la liber-tad sexual el Ministerio Pblico tiene en sus manos dicha decisin, y no as en el resto deinfracciones penales no perseguibles de oficio (ex artculos 161.2, 201.1, 215.1, 228, 267.II, 287.1, 296.1 y 639.I) en que la vctima es una persona mayor de edad y capaz. Quiz elproblema final resida en que el legislador de 1995 no se atrevi a dar el paso consistenteen convertir los delitos de agresin, abuso y acoso sexual en pblicos, y tuvo que acudir alsubterfugio previsto en el artculo 191.1 del Cdigo Penal a fin de posibilitar algn tipo decontrol pblico sobre tal cuestin. En nuestra opinin, una vez la vctima mayor de edad y capaz ha mostrado su negativaal comienzo del proceso penal no puede dejarse en manos de la Fiscala una especie decomodn final que le permita, en contra de aqulla, incoar dicho procedimiento. El argu-mento de que su actividad debera realizarse en forma de querella, a modo de garanta, nosparece insuficiente para intentar dotar de sentido a su intervencin. Adems, entendemosque dicha facultad carece de lmites, por ms que se venga diciendo que debera resultarexcepcional. Y es que nada impide que se pudiera mantener en la Fiscala el criterio contra-rio, convirtiendo as de hecho, ya que de la letra del Cdigo Penal parece desprenderseotra conclusin en pblicos los delitos de agresin, acoso y abuso sexual con vctimamayor de edad y capaz. Se estara sustrayendo del monopolio de la vctima la cuestin re-lativa a la conveniencia de perseguir ese hecho, para dejar la decisin final sobre tal aspectoa la Fiscala. Bajo nuestro punto de vista, y dada la literalidad de la ley, la tarea asignada al Minis-terio Fiscal ha de consistir en la comprobacin de que la decisin adoptada por la vctimaen cuanto a la no persecucin de tales hechos ha sido tomada de manera voluntaria. A nadams debera extenderse el papel desempeado por el Ministerio Fiscal en dichos casoscuando tras or a la vctima se llega a la conclusin de que sta ha actuado libremente, conindependencia de sus razones. Se trata de comprobar as que la voluntad del titular delbien jurdico lesionado no estaba mermada o disminuida. Para concretar el citado mbito,quiz sirva de soporte inicial el artculo 1265 del Cdigo Civil, previsto en la esfera delos requisitos esenciales para la validez de los contratos. Dicho precepto considera nulo elconsentimiento prestado por error, violencia, intimidacin o dolo. Y es que si el legislador entiende que en estos casos de delitos sexuales recordemosla gravedad que alcanzan algunas de estas infracciones la vctima no puede tener ensus manos tan importante decisin, debera modificar su perseguibilidad y convertirlas enpblicas. En cualquier caso, nos parece que la introduccin de frmulas como la contenidaen el artculo 191.1 del Cdigo Penal, que no se sabe bien cmo interpretar, debe ser unatcnica legislativa a erradicar. 86 13. el rgimen procesal de los delitos sexuales perseguibles De esta manera, pues, los dos pesos nsitos en toda ponderacin quedaran integradospor la decisin de la vctima en punto a la persecucin o no de dicho hecho con aparienciade delito de los contemplados en los artculos 178-184 del Cdigo Penal. Slo a ella lecompete dicha decisin y el Ministerio Pblico habr de velar nicamente por que la vc-tima al decantarse por una de las dos opciones de que goza haya actuado de manera libre.Lgicamente dicha decisin la debera poder tomar la vctima de un delito de agresin,abuso o acoso sexual habiendo sido informada de los aspectos bsicos, pero ms relevantespara su persona, que conlleva la sustanciacin de un proceso penal. Y es que se trata deevitar en la medida de lo posible la denominada victimizacin secundaria consecuencia delmismo devenir procesal.2. el desarrollo del proceso penalSe ha planteado en la esfera de los procesos penales por agresin, abuso o acoso sexual conespecial intensidad el tema relativo a la posibilidad, una vez removido el escollo inicial,de que la acusacin popular se muestre como parte procesal. Se constata la divisin de ladoctrina en relacin con esta cuestin. Sin embargo, las opiniones que habitualmente danlos autores se limitan a admitir o negar dicha posibilidad, sin ofrecer razonamiento algunosobre tal parecer. Por nuestra parte, entendemos que una vez incoado vlidamente el pro-ceso penal por infraccin semipblica no han de existir ulteriores restricciones en lo querespecta al ejercicio de la accin penal. A tal efecto, consideramos que el nico escollo que pudiera alegarse para la admisinde la accin popular en tales casos lo constituye la literalidad del trmino ciudadanoprevisto en el artculo 125 de la Constitucin (31). Resulta innegable que inicialmente dichainstitucin se reconoca en exclusiva a las personas fsicas, pero a da de hoy su utilidadquedara muy mermada si se denegara su ejercicio por personas jurdicas (32). En esta lnea,actualmente resulta opinin ms bien pacfica en la doctrina y jurisprudencia la admisinde la extensin del vocablo ciudadano tanto a la esfera de las personas fsicas comotambin a la de las jurdicas (en principio, privadas). Si se parte de esta premisa, no encon-tramos fundamento alguno para negar el ejercicio de la accin a la acusacin popular en lasinfracciones penales semipblicas. En suma, bajo nuestro punto de vista, y si se compartela premisa anterior, el acusador popular, una vez presentada la denuncia por persona facul-tada para ello, puede intervenir en dicho proceso penal. Pero incluso se encuentran posiciones an ms permisivas con respecto a la interven-cin de la acusacin popular en tales infracciones penales. As, se ha llegado a plantear laposibilidad de que una asociacin (por ejemplo, para la defensa de los derechos de mujeresque han sufrido un delito de violacin) pudiera ejercitar la accin penal popular sin lapertinente denuncia de la persona agraviada, es decir, pudiera con su actuacin incoar elproceso penal. En este sentido, OROM VALL-LLOVERA se cuestiona la admisibilidadde dicha opcin: Por un lado, parece que la respuesta debe ser negativa, pues, para iniciar (31) Dicho precepto constitucional dice as: Los ciudadanos podrn ejercer la accin popular (...). (32) Para un estudio detallado de la cuestin, puede consultarse PREz GIL, Julio, La acusacin popular,Granada, Comares, 1998, pp. 363-413. 87 14. revista de derecho penalun proceso penal por violacin se requiere la previa denuncia del ofendido. Por otro lado,sin embargo, si el perjudicado no presenta dicha denuncia, como sucede habitualmente acausa del miedo y desequilibrio que este delito ocasiona a la vctima, por qu no puedeadmitirse que la mencionada asociacin presente accin popular en defensa de la legalidady de los intereses generales, si se renen todas las condiciones y requisitos necesarios parasu ejercicio? (33). Por su parte, BANACLOCHE PALAO disiente del planteamiento mos-trado por la mencionada autora y considera que la solucin para estos casos (...) podrams bien estar en la modificacin legal de la condicin de semipblicos de este tipo de de-litos, o en permitir que el Fiscal tambin pueda actuar contra esos comportamientos (comode hecho ya est previsto en la legislacin penal espaola) (34). En conclusin, consideramos que se han de distinguir dos mbitos en relacin con laintervencin de la acusacin popular en los procesos por infracciones penales semipbli-cas. As, en primer lugar, nos parece que, si se admite la premisa anteriormente mencio-nada (ciudadano = persona fsica+persona jurdica), no existe razn alguna para negarla accin quivis ex populo, eso s, siempre que la vctima haya presentado previamentedenuncia. En cambio, creemos que la accin popular no puede servir para incoar el procesopenal por infraccin semipblica, dado que justamente la caracterstica que distingue estosdelitos y faltas semipblicos de los perseguibles de oficio es la exigencia (como mnimo)para poner en marcha el proceso penal de denuncia del titular del bien jurdico vulnerado.3. la conclusin del proceso penal: la ineficacia jurdica del perdnLa progresiva eliminacin de los efectos jurdicos del perdn (35) en los delitos sexualessemipblicos se pone de relieve en el momento en que la Ley Orgnica 8/1983 suprimi desu radio de accin el delito de violacin (36); la Ley Orgnica 3/1989 continu dicha senday dej sin efectos jurdicos el perdn en el resto de las infracciones penales sexuales. Porsu parte, el Cdigo Penal de 1995 ha mantenido dicha situacin y el artculo 191.2 delCdigo Penal vigente establece en relacin con los delitos de agresiones, acoso o abusos (33) OROM VALL-LLOVERA, Susana, El ejercicio de la accin popular, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp.84 y 85. (34) BANACLOCHE PALAO, Julio, La acusacin popular en el proceso penal: Propuestas para una reforma,Revista de Derecho Procesal, 2008, pp. 23 y 24, nota 22. (35) Para un estudio detallado de la institucin, pueden consultarse los siguientes trabajos de MARTN ROS,Mara del Pilar: Cuestiones procesales problemticas en torno al perdn del ofendido, Revista de Derecho Procesal,2009, pp. 705-723 y, Cuestiones procesales en torno al perdn del ofendido: Estado de la cuestin tras la LO 15/2003y la LO 5/2010, Revista de Derecho y Proceso Penal, 2010, n. 24, pp. 31-43. (36) A partir de entonces y hasta la Ley Orgnica 3/1989, los apartados IV a VI del artculo 443 del Cdigo Penalanterior disponan lo siguiente: En los delitos de abusos deshonestos, estupro y rapto, el perdn del ofendido, mayorde edad, o el del representante legal o guardador de hecho del menor de edad o incapaz, que se produzca antes de querecaiga sentencia en la instancia, extingue la accin penal. Dicho perdn necesitar, odo el Fiscal, ser aprobado por el Tribunal competente. Cuando lo rechazare, a suprudente arbitrio ordenar que contine el procedimiento, representando al menor o incapaz, en su caso, el MinisterioFiscal. En el delito de violacin el perdn del ofendido, mayor de edad, o el del representante legal o guardador de hechodel menor de edad o incapaz, no extingue la accin penal. 88 15. el rgimen procesal de los delitos sexuales perseguiblessexuales que el perdn del ofendido o del representante legal no extingue la accin penalni la responsabilidad de esa clase. Sin embargo, tal referencia resultaba innecesaria (37), dado que el artculo 130.1.5. dela ley penal precepto insertado entre las disposiciones generales del Cdigo Penalexige, a diferencia del anterior artculo 25.I del Cdigo Penal derogado (38), previsin legalexpresa para que el perdn ostente virtualidad jurdica.III. BIBLIOGRAFAALONSO RIMO, Alberto, Vctima y sistema penal: Las infracciones no perseguibles de oficio y el perdn del ofendido, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002.ARIAS EIBE, Manuel Jos, Las agresiones sexuales en el Cdigo Penal espaol: estado actual de la cuestin, Actualidad Penal, 2001, n. 17, pp. 343-390.ASA BATARRITA, Adela, Las agresiones sexuales en el nuevo Cdigo Penal: imgenes cultu- rales y discurso jurdico, en Anlisis del Cdigo Penal desde la perspectiva de gnero, Vitoria, Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer, 1998, pp. 45-101.BANACLOCHE PALAO, julio, La acusacin popular en el proceso penal: Propuestas para una reforma, Revista de Derecho Procesal, 2008, pp. 9-54.BEGU LEzAUN, Juan Jos, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, Barcelona, Bosch, 1999.BOLDOVA PASAMAR, Miguel ngel, Lecciones de consecuencias jurdicas del delito (coord.: Gracia Martn, Luis), 3. ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2004.CANCIO MELI, Manuel, Los delitos de agresiones sexuales, abusos sexuales y acoso sexual, Revista La Ley, n. 4181 de 5 de diciembre de 1996, ref. D-366, pp. 1626-1633.DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio Octavio, Agresin, abuso y acoso sexual en el Cdigo penal de 1995, Actualidad Penal, 1996, n. 32, pp. 597-615.DEz RIPOLLS, Jos Luis, El Derecho Penal ante el sexo, Barcelona, Bosch, 1981.DEz RIPOLLS, Jos Luis, La proteccin de la libertad sexual, Barcelona, Bosch, 1985.FUENTES SORIANO, Olga, La iniciacin cuasi pblica de los procesos por delitos sexuales, en Derecho Penal y discriminacin de la mujer-Anuario de Derecho Penal 1999-2000 (dir.: Hurta- do Pozo, Jos), Lima-Friburgo (Suiza), Pontificia Universidad Catlica del Per-Universidad de Friburgo, 2001, pp. 273-289.GIMENO SENDRA, Vicente, Derecho Procesal Penal, 1. ed., Madrid, Colex, 2004.LAMARCA PREz, Carmen, La proteccin de la libertad sexual en el nuevo Cdigo penal, Jue- ces para la Democracia, 1996, n. 27, pp. 50-61. (37) Como botn de muestra, vase BOLDOVA PASAMAR, Miguel ngel, Lecciones de consecuencias jurdi-cas del delito (coord.: Gracia Martn, Luis), 3. ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, p. 353. (38) El mencionado artculo 25.I del Cdigo Penal derogado estableca lo siguiente: El perdn de la parteofendida no extingue la accin penal. Se exceptan los delitos que slo pueden ser perseguidos mediante denuncia oquerella del agraviado, salvo disposicin contraria de la Ley. 89 16. revista de derecho penalLIBANO BERISTAIN, Arantza, Los delitos semipblicos y privados: Aspectos sustantivos y proce- sales, Barcelona, J.M. Bosch, 2011.MARCOS AYJN, Miguel, Una nueva concepcin del principio de oportunidad: la denuncia en el Cdigo Penal de 1995, Tribunales de Justicia, 1997, n. 6, pp. 643-659.MARTN ROS, Mara del Pilar, Cuestiones procesales problemticas en torno al perdn del ofen- dido, Revista de Derecho Procesal, 2009, pp. 705-723.MARTN ROS, Mara del Pilar, Cuestiones procesales en torno al perdn del ofendido: Estado de la cuestin tras la LO 15/2003 y la LO 5/2010, Revista de Derecho y Proceso Penal, 2010, n. 24, pp. 31-43.MATALLN EVANGELIO, ngela, El nuevo delito de acoso sexual, Valencia, Revista General del Derecho, 2000.MONTALBN HUERTAS, Mara Inmaculada, Delitos contra la libertad sexual (cuestiones prc- ticas), Jueces para la democracia, 1998, n. 32, pp. 65-70.MORALES PRATS, Fermn y GARCA ALBERO, Ramn, Comentarios al nuevo Cdigo Penal (dir.: Quintero Olivares, Gonzalo; coord.: Valle Muiz, Jos Manuel), 2. ed., Pamplona, Aran- zadi, 1999.ORA GONzLEz, Javier, Los delitos de lesiones y contra la libertad sexual. Primeras notas crticas, Revista La Ley, n. 4044, de 27 de mayo de 1996, ref. D-186, pp. 1343-1350.OROM VALL-LLOVERA, Susana, El ejercicio de la accin popular, Madrid, Marcial Pons, 2003.PREz GIL, julio, La acusacin popular, Granada, Comares, 1998.QUERALT JIMNEz, Joan Josep, Derecho Penal espaol. Parte Especial, 4. ed., Barcelona, Ate- lier, 2002.SUREz-MIRA RODRGUEz, Carlos, El delito de acoso sexual, Poder Judicial, 3. poca, 1997 (II), n. 46, pp. 287-326. 90