Dictamen Por Perito a Instancia de Parte

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    18-Jul-2015

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Dictamen por perito designado a instancia de parte.Joan Pic I Junoy- David Velzquez Vioque- Marta Del Valle Garca Catedrtico de derecho Procesal de la universitat rovira i Virgili- Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n 6 de BarcelonaMagistradaJuez del Juzgado de Primera instancia n 12 de BarcelonaLa prueba pericial (Mar 2009)Id. vLex: VLEX-57758941 http://vlex.com/vid/57758941Resum5. La prueba pericial de parte y la de designacin judicial,son compatibles, esto es, pueden las partes en la demanda o contestacin aportar un dictamen privado y solicitar la designacin judicial del perito? (art. 335.1 leC)- 6. La parteactora, ante la imposibilidad de aportar un dictamen pericial con su demanda, solicita aportar la pericia de su especialista, el sr. X, antes de la audiencia previa. en la contestacin a la demanda el demandado denuncia la posible falta de imparcialidad del especialista. Puede el actor aportar un dictamen pericial emitido por especialista distinto al inicialmente identificado?(arts. 337.1 y 343.2 leC)- 7. Puede el demandado rebelde aportar un dictamen pericial de parte en la audiencia previa o solicitar la designacin judicial de peritos? (arts. 336.1 y 339.1 y 2 leC)Text5. La prueba pericial de parte y la de designacin judicial, son compatibles, esto es, pueden las partes en la demanda o contestacin aportar un dictamen privado y solicitar la designacin judicial del perito? (art. 335.1 leC)I. IntroduccinLa posibilidad584 de compatibilizar el dictamen pericial de parte con el realizado por un perito de designacin judicial plantea una cues- tin de gran trascendencia prctica, pues en muchas ocasiones el informe pericial suele ser fundamental para lograr el convencimiento judicial.Desgraciadamente la normativa actual no ofrece una respuesta clara, lo que ha originado respuestas contradictorias tanto en la doctrina como en la jurisprudencia menor.En cualquier caso, entiendo que esta problemtica debe resolverse teniendo en consideracin la constitucionalizacin del derecho a la prueba en el art. 24 del Texto Fundamental, y la necesidad de efectuar una interpretacin flexible de la legalidad que permita el mximo ejercicio y disfrute de este derecho.II. Argumentos contrarios a la compatibilidad de dictmenes pericialesAsenCio MellaDo responde categricamente que no, argumentando que estamos ante dos tipos de dictmenes incompatibles, por lo que la opcin por el dictamen de parte excluye la posibilidad de otro efectuado por un perito judicialmente designado585. Para ello se formulan distintas razones:a) El uso de la conjuncin disyuntiva o en el art. 335 LEC, segn el cual: las partes podrn aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en la ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. As, se afirma que si el legislador hubiese querido conferir a dicha conjuncin naturaleza copulativa hubiera utilizado la y como hace en otros preceptos a los que quiere conferir dicha funcin.b) La propia configuracin procedimental que la LEC ha diseado de la prueba pericial, de la que puede deducirsela voluntad de excluir dictmenes dirimentes. As, se afirma que si el legislador hubiese deseado que las partes pudieran acudir a una tercera opinin, lo lgico hubiese sido que la proposicin del dictamen emitido por un perito judicial- mente designado se hubiera llevado al momento oportuno de proposicin de la prueba, esto es, a la audiencia previa, una vez deducidas la demanda y contestacin y aportados los informes periciales contradictorios y no antes, en los citados escritos iniciales de alegaciones.En este sentido, la SAP Barcelona, secc. 14, de 24 de marzo de 2006, Pte. Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Pereda Gmez (JUR 2006/231486) afirma en su fto. jco. 1: Tampoco a subsistido, con la nueva LEC, un sistema de tercer peritaje dirimente (el llamado peritaje judicial). En este sentido, la pericial de designacin judicial (art. 339 LEC) es la excepcin al principio de aportacin pericial con la demanda y de contra-pericial con la contestacin y se condiciona a determinados requisitos []. En este contexto, es inadecuado utilizar las facultades excepcionales del art. 435.2 LEC (las diligencias finales) para buscar una sobre-pericia o una pericial superpuesta. La ley solo permite estasdiligencias cuando los actos de prueba no hubieran resultado conducentes por razones de impedimento temporal (la concurrencia de circunstancias independientes de la voluntad y diligencia de las partes, que hayan desaparecido durante el pleito y siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirn adquirir certeza de aquellos hechos). No es este el supuesto que nos ocupa, en el que ambas partes han aportado sus respectivos dictmenes, quedando reconducida la cuestin a los aspectos valorativos (de hecho, el peritaje del Sr. Benito no difiere, en lo fundamental, de la pericial de la actora, como el propio recurrente reconoce). Si hay periciales de parte hay que resolver con su contenido o hacer uso de las reglas de carga probatoria.c) Carece de lgica permitir que sobre una misma materia litigiosa la parte pretenda articular dos pruebas con el mismo contenido, siendo la segunda la referente a la pericial elaborada por un perito judicialmente designado del todo intil, por lo que debe inadmitirse atendiendo al art. 283.2 LEC.III. Revisin crtica a favor de los argumentos que permiten la compatibilidad de dictmenes pericialesHace tiempo manifest mi opinin al interrogante aqu planteado, indicando quela LEC 1/2000 dejaba poco margen de interpretacin a favor de la compatibilidad de dictmenes periciales, si bien personalmente destacaba que esta opcin legislativa resultaba desacertada586. Bien, pasado el tiempo, y reflexionando nuevamente sobre este aspecto, entiendo que pueden someterse a crtica los argumentos contrarios a dicha compatibilidad. En concreto:a) Respecto al primer argumento, esto es, el uso del trmino o en el art. 335 LEC, entiendo que debemos relativizarlo. Es cierto que estamos ante una conjuncin disyuntiva que, segn el Diccionario de la Lengua Espaola, denota diferencia, separacin o alternativa entre dos o ms personas, cosas o ideas587; pero no es menos cierto que tambin el citado Diccionario ofrece otro contenido a dicha letra, indicando que tambin denota equivalencia, significando o sea, o lo que es lo mismo588. Probablemente por ello, Font, riF, GuzMn FluJa, GarBer lloBreGat y Buitron raMirez, Daz Fuentes, y Montero aroCa consideran que de la propia literalidad del art. 335 se deduce la compatibilidad de dictmenes589.Personalmente no creo que el legislador haya utilizado el trmino o con el rigor acadmico que se le pretende dar acudiendo al carcter disyuntivo o copulativo de dicho trmino, y buena muestra de ello es el uso que del mismo hace en sentido copulativo en otras normas: as, por ejemplo, cuando el art. 247 LEC establece que Los tribunales rechazarn fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entraen fraudede ley o procesal es claro que el juez debe proscribir las dos situaciones descritas en dicha norma. En definitiva, la lectura flexible de las normas procesales que establecen lmites a la eficacia del derecho a la prueba, y que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en mritos de la configuracin como fundamental del citado derecho590, me conduce a mantener que el art. 335 LEC debe ser interpretado en el sentido ms favorable al ejercicio y disfrute del derecho a la prueba, por que ante dos posibles interpretaciones debe escogerse la que permita la mxima actividad probatoria, por lo que entiendo posible la compatibilidad de dictmenes periciales.De igual modo, de manera concluyente, el reciente del auto del Juzgado de Primera Instancia nm. 4 de A Corua de 14rios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, M.A. Fernndez-Ballesteros, J.M. Rif Soler y J.F. Valls Gombu (coords.), edit. Atelier, Barcelona, 2000, p. 1577; GuzMn FluJa, V., El Proceso Civil, vol. III, F. Escribano Mora (coord.), edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 2465 y 2466; GarBer lloBreGat, J., y Bui-de junio de 2006 (SP/AUTRJ/96951) establece: [] la nueva LEC coloca en situacin de absoluta igualdad el dictamen pericial emitido por peritos designados por las partes y el dictamen pericial emitido por peritos designados judicial- mente: las partes pueden optar por uno, por otro, o por los dos, sin cortapisa alguna, en la medida en que lo consideren necesario o conveniente para la defensa de sus derechos e intereses. Y en esta misma lnea, ya el auto del Juzgado de Primera Instancia nm. 1 de Cantabria de 4 de diciembre de 2002, Ponente Ilmo. Sr. D. Jos Arsuaga Cortzar (AC 2002/1911) afirm en su fto. jco. 3: Entrando a valorar, en segundo trmino, si son o no compatibles ambas formas, existe posiciones que con fundamento exclusivo en la conjuncin o utilizada por el artculo 335 extraen una inter- pretacin literal contraria a la compatibilidad, dado la naturaleza disyuntiva de la conjuncin. A juicio del que ahora resuelve, lo cierto es que aunque parezca antieconmico no existe previsin legal quepermita negar la compatibilidad entre el maremagnum legal. Es perfectamente posible que una parte, con idea de preparar el proceso, se procure un dictamen relativo a los particulares ms elementales o bsicos y prefiera relegar su anlisis en detalle a un dictamen elaborado por perito de designacin. Tambin porque la parte pretenda abundar en la prueba, quizs pensando en la reticencia judicial sobre una pericial de parte, con el fin de persuadir con ms firmeza al Juez sobre la bondad de sus afirmaciones o para crear definitivamente una burbuja mayor de credibilidad e independencia. Y, en fin, tambin es lgica la apreciacin que permite que se practique la pericial de designacin judicial ante una eventualidad que perfectamente puede presentarse: que los dictmenes de parte sean absolutamente contradictorios y exista verdadera dificultad para, con arreglo a la sana crtica, dar preferencia valorativa a uno sobre el otro.b) Respecto al segundo argumento, esto es, la propia configuracin procedimental que la LEC ha diseado de laprueba pericial, no previendo la existencia de dictmenes dirimentes, si bien ello es cierto, no lo es menos que no hay ninguna norma expresa que los prohba, por lo que la eficacia de un derecho fundamental (a la prueba) no puede limitarse en mritos de una norma prohibitiva que expresamente no aparece en la ley, por lo que tampoco este argumento resulta convincente.De igual modo, ya el auto del Juzgado de Primera Instancia nm. 9 de A Corua, de 7 de julio de 2001, Pte. Ilmo. S. D. Pablo Gonzlez-Carrer Fojn (JUR 2001/282646), afirma en su fto. jco. 1: En cualquier caso la duda (sobre la compatibilidad de dictmenes periciales), y la falta de una prohibicin expresa en la regulacin legal, ha de resolverse en funcin de la mayor posibilidad de prueba aunque implique en realidad la duplicidad de los mismos medios.c) Y, por ltimo, respecto al tercer argumento, esto es, el de la falta de lgica en permitir ambos dictmenes, pues ello supondra desmerecer el inicial dictamen de parte o permitir un segundo dictamen intil por reiterativo, entiendo que tampoco resulta convincente, ya que con el segundo dictamen puede que la parte proponente desee dar ms solidez a las conclusiones del dictamen que haya aportado inicialmente con una segunda opinin. De igual modo que cuando a un paciente se le diagnostica una enfermedad y solicita una segunda opinin no significa ello que desmerezca el primer diagnstico, en materia pericial, cuando se solicita el segundo dictamen, no significa que se desautorice el dictamen de parte, sino que puede pretender reforzar sus conclusiones. Adems, con el segundo dictamen puede completarse el primero en aquellos extremos respecto de los cuales no se ha podido pronunciar el inicial perito por habrsele impedido acceder a determinada informacin para elaborar un completo dictamen o por no haber podido valorar determinada informacin aportada por la parte con-traria una vez iniciado el proceso591. Desde esta perspectiva, adquiere sentido la posibilidad de instar como diligencia final la elaboracin de un dictamen por un perito judicial- mente designado, posibilidad sta admitida por la mayora de la jurisprudencia menor (as, vid. ad exemplum, la SAP Madrid, secc. 14, de 6 de julio de 2005, fto. jco. 4, Pte. Ilmo. Sr.D. Juan Uceda Ojeda, JUR 2005/221148; la SAP Ciudad Real, secc. 2, de 1 de junio de 2004, fto. Jco. 4, Pte. Ilma. Sra. D. Carmen Pilar Cataln Martn de Bernardo, AC 2004/1693; la SAP Cceres, secc. 1, de 27 de enero de 2003, fto.jco. 1, Pte. Ilmo. Sr. Salvador Castaeda Bocanegra, JUR 2003/45278).Adems Qu problema habra en admitir la compatibilidad de ambos dictmenes periciales cundo stos son pagados siempre por las partes y con ello se logra un mayor material probatorio utilizable por el juez que le permitir, en lnea de principio, dictar una sentencia ms justa, e intentar alcanzar la mxima efectividad de su tutela judicial?. Podramos pensar que la compatibilidad podra penalizar a la parte que no solicite la designacin judicial del perito en la medida en que, de ser vencido en el proceso, ser condenado a pagar los gastos de dos dictmenes periciales que pueden ser reiterativos. Sin embargo, lo lgico es pensar que siempre un segundo dictamen aportar nuevas informaciones o datos susceptibles de ser tomados en consideracin por el juez. En caso contrario, cuando se acredite que el segundo dictamen fue intil por limitarse a reiterar lo indicado en el primero, el juez debera as manifestarlo y excluir su pago de la condena en costas (que debera asumir aquella parte que inst un segundo dictamen puramente reiterativo del primero).ndice sistemtico de jurisprudenciaNo son compatibles el dictamen pericial de parte con el dictamen de perito judicialmente designadoSAP Barcelona, secc. 14, de 24 de marzo de 2006, fto. jco. 1 (JUR 2006/231486).Son compatibles el dictamen pericial de parte con el dictamen de perito judicialmente designadoAuto del Juzgado de Primera Instancia nm. 4 de A Corua de 14 de junio de 2006 (SP/AUTRJ/96951).Auto del Juzgado de Primera Instancia nm. 1 de Cantabria de 4 de diciembre de 2002, fto. jco. 3 (AC 2002/1911).Auto del Juzgado de Primera Instancia nm. 9 de A Corua de 7 de julio de 2001, fto. jco. 1 (JUR 2001/282646).Es admisible la diligencia final consistente en la elaboracin de un dictamen por un perito judicialmente designado cuando existen dos dictmenes periciales de parte contradictoriosSAP Madrid, secc. 14, de 6 de julio de 2005, fto. jco. 4 (JUR 2005/221148).SAP Ciudad Real, secc. 2, de 1 de junio de 2004, fto. jco. 4 (AC 2004/1693).SAP Cceres, secc. 1, de 27 de enero de 2003, fto. jco. 1 (JUR 2003/45278).Extracto de jurisprudencia relevanteSAP Barcelona, secc. 14, de 24 de marzo de 2006, Pte. Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Pereda Gmez (JUR 2006/231486)PriMero. Tampoco ha subsistido, con la nueva LEC, un sistema de tercer peritaje dirimente (el llamado peritaje judicial). En este sentido, la pericial de designacin judicial (art. 339 LEC) es la excepcin al principio de aportacin pericial con la demanda y de contra-pericial con la contestacin y se condiciona a determinados requisitos []. En este contexto, es inadecuado utilizar las facultades excepcionales del art. 435.2 LEC (las diligencias finales) para buscar una sobre-pericial o una pericial superpuesta. La ley solo permite estas diligencias cuando los actos de prueba no hubieran resultado conducentes por razones de impedimento temporal (la concurrencia de circunstancias independientes de la voluntad y diligencia de las partes, que hayandesaparecido durante el pleito y siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirn adquirir certeza de aquellos hechos). No es este el supuesto que nos ocupa, en el que ambas partes han aportado sus respectivos dictmenes, quedando reconducida la cuestin a los aspectos valorativos (de hecho, el peritaje del Sr. Benito no difiere, en lo fundamental, de la pericial de la actora, como el propio recurrente reconoce). Si hay periciales de parte hay que resolver con su contenido o hacer uso de las reglas de carga probatoria.Auto del Juzgado de Primera Instancia nm. 4 de A Corua, de 14 de junio de 2006 (SP/AUTRJ/96951)[] la nueva LEC coloca en situacin de absoluta igualdad eldictamen pericial emitido por peritos designados por las partes y el dictamen pericial emitido por peritos designados judicialmente: las partes pueden optar por uno, por otro, o por los dos, sin corta- pisa alguna, en la medida en que lo consideren necesario o conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.Auto del Juzgado de Primera Instancia nm. 1 de Cantabria, de 4 de diciembre de 2002, Pte. Ilmo. Sr. D. Jos Arsuaga Cortzar (AC 2002/1911)terCero. Entrando a valorar, en segundo trmino, si son o no compatibles ambas formas, existe posiciones que con fundamento exclusivo en la conjuncin o utilizada por el artculo 335 extraen una interpretacin literal contraria a la compatibilidad, dado la naturaleza disyuntiva de la conjuncin. A juicio del que ahora resuelve, lo cierto es que aunque parezca antieconmico no existe previsinlegal que permita negar la compatibilidad entre el maremagnum legal. Es perfectamente posible que una parte, con idea de preparar el proceso, se procure un dictamen relativo a los particulares ms elementales o bsicos y prefiera relegar suanlisis en detalle a un dictamen elaborado por perito de designacin. Tambin porque la parte pretenda abundar en la prueba, quizs pensando en la reticencia judicial sobre una pericial de parte, con el fin de persuadir con ms firmeza al Juez sobre la bondad de sus afirmaciones o para crear definitivamente una burbuja mayor de credibilidad e independencia. Y, en fin, tambin es lgica la apreciacin que permite que se practique la pericial de designacin judicial ante una eventualidad que perfectamente puede presentarse: que los dictmenes de parte sean absolutamente contradictorios y exista verdadera dificultad para, con arreglo a la sana crtica, dar preferencia valorativa a uno sobre el otro.Auto del Juzgado de Primera Instancia nm. 9 de A Corua, de 7 de julio de 2001, Pte. Ilmo. Sr. D. Pablo Gonzlez-Carrer Fojn (JUR 2001/282646)PriMero. En cualquier caso la duda (sobre la compatibilidad de dictmenes periciales), y la falta de una prohibicin expresa en la regulacin legal, ha de resolverse en funcin de la mayor posibilidad de prueba aunque implique en realidad la duplicidad de los mismos medios.6. La parte actora, ante la imposibilidad de aportar un dictamen pericial con su demanda, solicita aportar la pericia de su especialista, el sr. X, antes de la audiencia previa. en la contestacin a la demanda el demandado denuncia la posible falta de imparcialidad del especialista. Puede el actor aportar un dictamen pericial emitido por especialista distinto al inicialmente identificado? (arts. 337.1 y 343.2)I. Planteamiento: disfuncionesapreciables en la regulacin legalLa respuesta592 que debe otorgarse a la presente cuestin viene condicionada por el sistema de prueba pericial instaurado por la LEC 1/2000, y, en concreto, por aquellos caracteres atinentes a la posibilidad de denunciar la ausencia de imparcialidad y objetividad en la actuacin del perito propuesto.Para ello, partimos en primer lugar del lmite establecido en el artculo 343 de la ley procesal, cuando precepta que Slo podrn ser objeto de recusacin los peritos designados judicialmente593, procediendo a continuacin a resear las circunstancias que habilitan para la tacha del perito. Por tanto, al no admitirse la recusacin del perito de parte594, se nos plantea la pregunta de si la tacha de talPG311>perito simplemente anunciado ante la imposibilidad de presentar el dictamen junto al escrito de demanda permite al actor aportar posteriormente un dictamen pericial emitido por especialista distinto de aqul, es decir, se plantea en este sentido hasta qu punto puede cambiar unilateralmente la parte de perito.Dos soluciones enfrentadas coexisten al respecto: en primer trmino, la queconsidera que, hallndonos en un momento procesal en el que todava no es exigible la aportacin del perito, sera admisible la presentacin de otro sobre el que no recayese la sospecha de imparcialidad. As, se fundamenta dicha posicin tanto en el propio artculo 337.1 de la LEC (y en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o antes de la vista en el juicio verbal), como en razones atinentes al derecho a utilizar los medios pertinentes para la defensa y de agilidad procesal. La denegacin de dicho cauce afectara a un derecho constitucionalmente reconocido a las partes, frente al escaso perjuicio que conlleva a efectos meramente procedimentales este cambio unilateral de perito.Frente a ello, entiendo no obstante que la segunda solucin ofrecida a esta problemtica, que ahora expondr, resulta preferible. As, el eventual cambio de perito en atencin a la tacha planteada por la contraparte presenta a este respecto mayores inconvenientes que ventajas. Debemos ponderar con carcter fundamental la propia esencia de la tacha, la cual, frente a la recusacin, no impide valorar los conocimientos tcnicos en sentencia del perito tachado y no aparta a ste del procedimiento, remitindose la resolucin de la misma a una cuestin de valoracin probatoria595, al margen dela providencia que el tribunal pueda dictar al trmino del proceso declarando que la tacha carece de fundamento596. No se requiere por tanto resolucin expresa destinada a resolver la tacha, sino que se podr aludir a la misma en la valoracin de la prueba pericial que se efecte en sentencia597.Siendo criticable la descoordinacin existente en la regulacin legal, en la que no coinciden las causas de recusacin aplicables a los peritos judiciales con las tachas recogidas en el artculo 343598, la posibilidad de sustitucin del peritoinicial requiere valorar otros factores.As, la aplicacin del rgimen de las tachas a los peritos constituy una de las novedades de la regulacin de la prueba pericial en la LEC 1/2000, aplicable hasta entonces nicamente a los testigos. Precisamente un dato que diferencia ambos medios probatorios y que tal traslacin a la prueba pericial obvia es el carcter infungible del testigo, como nico conocedor en su caso de los hechos sobre los que declara, frente a la fungibilidad del perito, por cuanto los conocimientos tcnicos requeridos en el curso del proceso podran ser prestados por otro especialista599. Por tanto, la instauracin del sistema de tachas se halla en contradiccin con la naturaleza fungible del perito, pero en todo caso la posibilidad de sustituirlo por otro distinto en el momento de dictar sentencia a efectos de valoracin probatoria no resultara factible considerando la propia estructura de la tacha.II. Antinomia aportacin extempornea-naturaleza de la tachaAceptada la aplicacin de las tachas a los peritos de parte, la posibilidad de sustituir la pericial inicialmente aportada por otra diversa a la vista de la denuncia de imparcialidad determina considerar los momentos preclusivos de aportacin de dictmenes periciales establecidos legalmente. Cierto es que el demandadoha formulado su denuncia antes del tiempo reseado en el artculo 343.2 de la LEC (audiencia previa en el juicio ordinario, no despus de la vista en los juicios verbales)600, y que lo ha realizado por escrito, frente alsistema oral que impone la LEC601, pero el cambio de pericial por el mero planteamiento de la tacha altera la necesidad de aportacin con la demanda y contestacin de los dictmenes elaborados por peritos designados por las partes, a que se refiere el artculo 336 de la LEC602, sin concurrir realmente la imposibilidad a que alude el artculo 337 de la ley procesal.Se observa en este sentido que este ltimo precepto parte de dos presupuestos para la aportacin posterior de dictmenes: que noles fuese posible a las partes aportarlos y que se expresen aqullos de que en su caso pretendan valerse. Ninguno de dichos requisitos concurre en el caso analizado. La parte se hallaba en condiciones de presentar la pericial inicialmente designada, y aporta posterior- mente otra distinta de la que pretenda valerse, en atencin simplemente a las manifestaciones del demandado.Se infringe de este modo la finalidad de dicho anuncio, en cuanto debe comprender el objeto de la pericia y su finalidad, sin que quepan a este respecto alusiones genricas que no dejen entrever las pretensiones de la parte603, y por consiguiente con menos motivos la presentacin de una pericial absolutamente diversa como sera la efectuada por otro perito.III. Solucin: primaca del respeto a la preclusin de los plazos de aportacin de dictmenes periciales y valoracin en sentencia de la tachaA la vista de lo expuesto, resulta razonable estimar que la denuncia de imparcialidad por el demandado sea analizada en su caso en sentencia, en el conjunto de la valoracin probatoria conforme a las reglas de la sana crtica604, y no permita el cambio de perito en momento posterior a la presentacin de los escritos de alegaciones sin anuncio previo, no constando hechos nuevos en el procedimiento que justifiquen la introduccin de dicha pericial y en consonancia con la orientacin preclusiva de la prueba que se infiere de los artculos 265.2 y 3, 270.2 y 339.2 de la LEC.Si precisamente al demandante se le ha permitido la aportacin ulterior del dictamen fue por la justificacin de que la defensa de su derecho no habra permitido demorar la interposicin de la demanda hasta la obtencin del dictamen, ex artculo 336.3 LEC605, por lo que la presentacin de otra pericia en momento procesal ms tardo por el solo planteamiento de la tacha no resulta admisible.No procede hacer depender el cambio de un perito por otro en funcin de si ste es o no tachado en el curso del procedimiento606. As, tal circunstancia no se halla prevista legalmente entre las excepciones a los plazos de presentacin de dictmenes (no se trata de hechos alegados en la contestacin o de alegacionescomplementarias o hechos nuevos planteados en la audiencia previa en funcin del artculo 426.5). Por el contrario, sin romperse con el principio de preclusividad disponemos del artculo 344 LEC, que permite el mecanismo contradictorio de acudir al Tribunal a fin de negar o contradecir la tacha, aportando los documentos que se estimen pertinentes al efecto.Por consiguiente, tanto razones atinentes a la propia naturaleza de la tacha, que difiere su valoracin a sentencia, como sistemticas relativas a la regulacin vigente y su orientacin preclusiva, abogan por una respuesta negativa a la posibilidad de dicha sustitucin de perito en el transcurso del proceso.ndice sistemtico de jurisprudenciaLa valoracin de la tacha debe efectuarse en la sentencia, sin necesidad de resolucin expresa aparteSAP Baleares, secc. 3, de 26 de marzo de 2003, fto. jco. 3 (JUR 2003/228203).AJPI Santander, nm. 3, de 7 de octubre de 2005, fto. jco. 3 (JUR 2006/26400).Necesidad de respetar los plazos en la recusacinSAP Madrid, secc. 20, de 12 de julio de 2004, fto. jco. 4 (AC 2007/350).SAP Las Palmas, secc. 5, de 31 de enero de 2001, fto. jco. 2 (JUR 2001/165265).Procedencia de la alegacin en tiempo oportuno de la tacha formuladaSTS Sala de lo Civil, secc. 1, de 30 de marzo de 2007, fto. jco. 4 (RJ 2007/1758).SAP Len, secc. 2, de 30 de enero de 2004, fto. jco. 4 (JUR 2004/81319).Valoracin de la prueba pericial conforme a las reglas de la sana crtica en sentenciaSTS Sala de lo Civil secc. 1, de 29 de noviembre de 2004, fto. jco. 2 (RJ 2004/7562).SAP Bizcaia, secc. 3, de 15 de diciembre de 2006, fto. jco. 4 (JUR 2007/98896).El artculo 343 de la LEC intenta garantizar la objetividad del resultado de la valoracin del perito instaurando la tacha de los peritos que no sean de designacin judicial sin olvidar que, en origen, la posicin del perito designado por el juez d mayor objetividad que la del perito que confecciona privadamente el informe a peticin de parte para ser aportado al procesoSAP Bizcaia, secc. 3, de 22 de noviembre de 2007, fto. jco. 2 (ROJ 2446/2007).Extracto de jurisprudencia relevanteSAP Bizcaia, secc. 3, de 22 de noviembre de 2007 (ROJ 2446/2007). Pte: Marco Cacho, Mara Concepcin seGunDo. [] El juez deber valorar los dictmenes tomando en cuenta sus propias mximas de experiencia, como son la lgica interna del informe del experto, su ajuste a la realidad del pleito, la titulacin del perito con relacin a lo que constituye el objeto de la pericia, la relacin entre el resultado de la pericial y los dems medios probatorios obrantes en autos, el detalle y exhaustividad del informe, la metodologa o las operaciones practicadas para la obtencin de conclusiones, como son la inspeccin, la extraccin de muestras o la realizacin de anlisis. Entre estos criterios se halla, tambin, el de la objetividad del dictamen, y no puede olvidarse que los informes periciales no judiciales se caracterizan porque la parte ha podido escoger a un perito de su conveniencia, lo que le puede garantizar un control sobre el resultado, en el sentido de que si ste no es favorable a sus tesis; y tambin porque en este tipo de dictmenes se hace imposible la participacin de la parte adversa en la operaciones periciales (artculo 345 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Ahora bien, aunque, en su origen, el dictamen de un perito designado por el juez pueda estar dotado de mayor objetividad que el aportado por la parte, a lo que debe atenderse en el momento de la valoracin es a la objetividad del resultado que se deduce de los diversos criterios o mximas de experiencia a los que antes se ha aludido y que el artculo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 intenta garantizar instaurando la tacha de los peritos que no sean de designacin judicial. Con cuanto antecede quiere decirse que no es suficiente con que el dictamen sea de origen judicial para que ste prevalezca sobre el de parte pero que tampoco puede olvidarse que, enorigen, la posicin del perito designado por el juez de mayor objetividad que la del perito que confecciona privadamente el informe a peticin de parte para ser aportado al proceso.SAP Baleares, secc. 3, de 26 de marzo de 2003 (JUR 2003/228203). Pte: Rossell Llaneras, Guillermo terCero. [] Dicho cuanto antecede, la parte demandada alega, como primer motivo de impugnacin, el silencio de la juzgadora de instancia sobre la tacha del perito efectuada en el acto del juicio en que intervino para explicar para las conclusiones de su dictamen acompaado a su demanda, tacha fundada en el nmero 5 del artculo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que le fue admitida. El motivo no puede ser atendido puesto que olvida que nos hallamos ante un juicio ordinario en que imperativamente la tacha de los peritos autores de dictmenes aportados con la demanda se propondrn en la audiencia previa al juicio, segn dispone el apartado segundo del citado artculo 343, mientras que la formulacin de tachas que prev el artculo 347 cuando el perito inter- venga en el acto del juicio se refiere a los peritos designados por las partes como consecuencia de las alegaciones formuladas en la audiencia previa artculos 426.5 y 427 LEC as como que la tacha se aprecia o no por el rgano jurisdiccional en el momento de valorar la prueba, lo que supone que no se pronunciar expresamente sobre la misma sino en la propia sentencia al valorar el dictamen emitido por el perito, que quedar condicionado por la admisin en su caso de tacha propuesta, salvo que la misma se refiera a la consideracin profesional o personal del perito, en que ste podr solicitar del tribunal que, al trmino del proceso, declare, mediante providencia, que la tacha carece de fundamento, o cuando el tribunal aprecie temeridad o deslealtad procesal en la tacha, en que dictar providencia citando a las partes a una audiencia, que tendr lugar en el plazo para dictar sentencia, en la que expondr la concurrencia de estas circunstancias y la posibilidad de imponer la multa al proponente de la tacha por inexistentemotivacin o del tiempo en que se formulara artculo 344 de la LEC; y de ah que no precisara la tacha extemporneamente formulada de resolucin expresa por parte del rgano jurisdiccional que no la admitial entrar a valorar la prueba pericial aportada con la demanda que la considera suficiente y adecuada para la valoracin de los daos derivados del incumplimiento contractual imputado a la arrendataria al no haber entregado la industria arrendada conforme a lo pactado.7. Puede el demandado rebelde aportar un dictamen pericial de parte en la audiencia previa o solicitar la designacin judicial de peritos? (arts. 336.1 y 339.1 y 2 leC)I. Con carcter previo a dar respuesta a la cuestin planteada, se considera procedente determinar el concepto, los presupuestos y los efectos de la rebelda en el ordenamiento jurdico espaol.En cuanto607 al concepto de rebelda, y siguiendo a verGer Grau, en Derecho Comparado, cabe distinguir entre los ordenamientos que se decantan por el sistema de la llamada ficta confessio, en los cuales se dicta la sentencia en contumacia, con mayor o menor actividad probatoria previa, pero permitiendo la oposicin posterior, de modo que pueda iniciarse de nuevo el proceso si el demandado no pudo comparecer dentro del plazo concedido al efecto, y aqullos ms cercanos a la cognitio extra ordinem y a la ficta litiscontestatio, en los que la sentencia se dicta segn el resultado de las pruebas, y se permite al contumaz su comparencia en cualquier momento en caso de inimputabilidad desu ausencia, presentar defensas y practicar pruebas que sean compatibles con la situacin procesal, e, incluso, permiten dispensar de los plazos de los recursos para comparecer despus de sentencia de instancia y de apelacin.En el ordenamiento jurdico espaol, se sigue el sistema de la ficta litiscontestatio, y la rebelda consiste en aquella situacin procesal en que se encuentra el demandado como consecuencia de su falta de comparecencia al trmino del emplazamiento y que, eventual-mente, termina con su posterior personacin, sin que la ley ni la doctrina tengan en cuenta la voluntariedad o no de esa falta de comparecencia, aunque a efectos procesales es preciso hacer la distincin, porque no puede recibir el mismo trato en orden a los derechos de audiencia y defensa quien est privado de ellos por causa que le es imputable que quien renuncia a defenderse en el proceso; ni puede el demandante sufrir, en ambos casos, las mismas cargas y dilaciones. En concreto, en la LEC, se utilizan los trminos de rebelda y de rebelde en el sentido objetivo de simple incomparecencia, como sucede en el art. 496.1, que dispone lo siguiente: Ser declarado en rebelda el demandado que no comparezca en forma en la fecha o en el plazo sealado en la citacin o emplazamiento.Asimismo, cabe hacer tambin la observacin de que la rebelda del demandado apareca contemplada desde la perpectiva de la mera incomparecencia en la LEC 1881. 608En cuanto a los presupuestos, seala verGer Grau que son dos: a) uno subjetivo, consistente en que la incomparecencia sea del demandado, no deldemandante, pero tampoco del tercero llamado al proceso por el demandado o por el demandante en virtud de lo previsto en el art. 14 LEC, el cual no es autnticamente un demandado, y b) otro objetivo, consistente en que el emplazamiento paracomparecer y contestar (Juicio Ordinario) o la citacin al acto de vista (Juicio Verbal) hayan sido realizados en legal forma.Y, en cuanto a los efectos, como seala, asimismo, verGer Grau, en general, en nuestro sistema, la rebelda no comporta la ficta confessio, dado que el demandante ha de fundamentar y probar su demanda aun en ausencia del demandado, tal y como prev el art. 496.2 LEC: La declaracin de rebelda no ser considerada como allanamiento ni como admisin de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario. Entre los casos que suponen aplicar la ficta confessio en lugar de la ficta litiscontestatio, o los efectos de la rebeldia in respondendo cuando, a pesar de haber comparecido, el demandado se niega a contestar, el citado autor alude, por ejemplo, el ejercicio de las acciones reales sobre derechos inscritos del art. 41 LH, que se sustancia por los trmites del Juicio Verbal y, si el demandado no comparece, se dicta sentencia acordando las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubiere solicitado el actor (art. 440.2 LEC), o el desahucio de finca urbana por falta de pago de la renta, sustanciado tambin a travs del Juicio Verbal y en el que, si el demandado no comparece al acto de vista, se declarar el desahucio sin ms trmites.609II. Sentado lo anterior, y respecto a si puede el demandado rebelde aportar un dictamen pericial de parte en la audiencia previa, se estima que la formulacin misma de la cuestin la limita al supuesto de que el demandado, en el mbito del Juicio Ordinario, no comparezca y no conteste a la demanda en el momentoprocesal oportuno, esto es, dentro del plazo de veinte das que prev el art. 404 LEC, pero se persone en el procedimiento en un momento posterior y asista ya al acto de la audiencia previa en legal forma.En ese supuesto, debe estarse a lo que, en relacin con los dictmenes periciales de parte dispone el art. 336.1 LEC: Los dict-menes de que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por ellos designados, y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, habrn de aportarlos con la demanda o con la contestacin, si sta hubiere de realizarse en forma escrita, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 337 de la presente Ley.Dicho precepto legal trae su causa del art.265.1 LEC, el cual dispone que 1. A toda demanda o contestacin habrn de acompaarse: () 4 Los dictmenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 337 y 339 de esta Ley. En el caso de que alguna de las partes sea titular del derecho de asistencia jurdica gratuita no tendr que aportar con la demanda o con la contestacin el dictamen, sino simplemente anunciarlo de acuerdo con lo que prev el apartado 1 del art. 339.Del tenor de tales preceptos, cabe deducir, pues, que al demandado que no haya comparecido y no haya contestado a la demanda, y haya sido, por consiguiente, declarado en situacin procesal de rebelda, le queda ya vedada la posibilidad de aportar un dictamen pericial de parte en el acto de la audiencia previa. As resulta en virtud del principio de preclusin, o de eventualidad, que impide retroceder en los trmites procesales, y que, en el marco de la rebeldaprocesal, aparece expresamente regulado en el art. 499 LEC, segn el cual Cualquiera que sea el estado del proceso en que el demandado rebelde comparezca, se entender con l la sustanciacin, sin que sta pueda retroceder en ningn caso. Y de igual modo aparece regulado en la LEC 1881. 610En concreto, a tenor del art. 336.1 LEC, es con los escritos de alegaciones de contestacin, en el caso del demandado cuando deben ser aportados los dictmenes periciales. As, como seala Mu-oz saBate, Lo que la Ley pretende en definitiva, aunque muy malregulado, es que en el momento de la audiencia previa (o del juicio verbal) las partes dispongan ya de aquella informacin pericial que les va a resultar muy til y necesaria, no slo para poder formular en su caso alegaciones complementarias, sino sobre todo para fijar definitivamente su posicin respecto a la admisin o inadmisin de hechos, as como para elaborar su frmula probtica. 611De hecho, si no pueden ser aportados con la demanda por el actor y con la contestacin por el demandado, uno y otro deben justificar las razones de la falta de presentacin, en el sentido que prev el art. 336.3 y 4 LEC: 3. Se entender que al demandante le es posible aportar con la demanda dictmenes escritos elaborados por perito por l designado, si no justifica cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido demorar la interposicin de aqulla hasta la obtencin del dictamen. 4. En los juicios con contestacin a la demanda por escrito, el demandado que no pueda aportar dictmenes escritos con aquella contestacin a la demanda deber justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar. Y, conforme prev el art. 337.1 LEC, Si no les fuere posible a las partes aportar dictmenes elaborados por peritospor ellas designados, junto con la demanda o contestacin, expresarn en una u otra los dictmenes de que, en su caso, pretendan valerse.Pues bien, se estima que ello deriva del objeto mismo de la prueba pericial, a partir de lo dispuesto en el art. 335.1 LEC acerca de que Cuando sean necesarios conocimientos cientficos, artsticos, tcnicos o prcticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrn aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.En relacin con el objeto de la prueba pericial, seala Montero aroCa que, en general, la doctrina refiere el mismo a conocer y apreciar hechos, y a proporcionar al juez mximas de la experiencia. En cuanto a los hechos, seala cmo el citado art. 335.1 LEC alude a valorar hechos o circunstancias y a adquirir certeza sobre ellos. Es decir, de una parte, alude a verificar, apreciar o valorar el hecho o alguna circunstancia del mismo, lo que dice supone la realizacin de un verdadero juicio (pericial deducente, y que se trata de valorar los hechos ya probados en el proceso o de los que no se duda de su existencia), partiendo siempre de que la parte ha realizado una afirmacin de hecho, y tanto en relacin con el pasado, verificando un hecho presente y determinando la causa o el cmo se produjo, como en relacin con el futuro, partiendo de hechos presentes y de su verificacin, proyectndolos hacia el futuro y determinandosus posibles efectos, aun no producidos. De otra parte, alude a adquirir certeza, esto es, a verificar la exactitud de alguna informacin de hechos realizada por las partes, para lo cual es preciso tener conocimientos cientficos, artsticos, tcnicos o prcticos.En cuanto a las mximas de experiencia, la labor pericial, seala Montero aroCa, consiste en proporcionar al Juez las reglas o principios tcnicos para que ste, desde los mismos, proceda a conocer o a apreciar los hechos.Aparte, alude el citado autor a la prueba sobre la prueba, cuando la prueba pericial se encaminar a valorar otro medio de prueba o, incluso, a llegar a conocer el contenido o sentido de otra prueba, como es el caso del cotejo de letras (art. 349 LEC).612Por su parte, riFa soler, tras sealar que, conforme a lo dispuesto en la Exposicin de Motivos de la LEC 2000 613, la pericia en su esenciase constituye en uno de los medios de prueba que el proceso establece para que las partes puedan probar los hechos que fundamentan su pretensin, sin perjuicio de que constituye un medio de prueba de especial trascendencia para la resolucin de los pleitos y que en ese sentido supone un medio de cooperacin o auxilio para la actividad probatoria del Juez, afirma que constituye el objeto de esta prueba aquellos hechos, que alegados por las partes, resulten controvertidos y de influencia en el resultado del proceso, siempre que no sean notorios. Y aade que tambin podr ser objeto de dicha prueba la costumbre y el derecho extranjero. 614Por consiguiente, al tener los dictmenes de parte la finalidad de acreditar los hechos en que el actor y el demandado fundan sus respectivas pretensiones, si la pretensin del demandado no ha quedado plasmada a travs de una contestacin en legal forma, donde detalle los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurdica de los hechos de los cuales se desprende la pretensin del actor 615, segn la norma general sobre carga de la prueba (art.217 LEC), no podr luego proponer con xito dicha prueba en la audiencia previa.III. Sin embargo, aunque el demandado declarado en rebelda no pueda ya aportar prueba pericial de parte relativa a hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurdica de los hechos de la demanda, lo dispuesto en los arts. 338.1 LEC y 426.5 LEC se considera abre la posibilidad a la aportacin por el demandado de dictmenes periciales de parte.En ese sentido, el art. 338.1 LEC prev que Lo dispuesto en el artculo anterior no ser de aplicacin a los dictmenes cuya necesidad o utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la contestacin a la demanda o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia, a tenor del art. 426 de esta Ley. Y el art. 426.1 y 2 LEC dispone, en concreto, que 1. En la audiencia, los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de stas expuestos en sus escritos, podrn efectuar alegaciones complementarias en relacin con lo expuesto de contrario. 2. Tambin podrn las partes aclarar las alegaciones que hubieren formulado yrectificar extremos secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar stas ni sus fundamentos.Por lo tanto, aunque el demandado no pueda, en buena lgica, realizar alegaciones complementarias de alegaciones previas no formuladas, ni tampoco aclararlas ni corregirlas, se advierte que s puede hacerlo el actor. Surge entonces la duda acerca de si puede el demandado, conforme prev el art. 338.1 LEC, proponer prueba pericial para combatir esas alegaciones complementarias, aclaraciones o rectificaciones, como as parece indicar el art. 427.3 LEC, al disponer que Si las alegaciones o pretensiones a que se refieren los tres primeros apartados del art. 426 suscitasen en todas o en alguna de las partes la necesidad de aportar al proceso algn dictamen pericial, podrn hacerlo dentro del plazo establecido en el apartado segundo del art. 338, puesto que se refiere a todas las partes.Al respecto, incluso en relacin con el supuesto ordinario de que el demandado haya contestado a la demanda, se advierten los peligros de conceder la posibilidad de aportar dictmenes periciales en momento posterior a la demanda y a la contestacin, porque, como seala PiCo Junoy, que comparte en este punto la opinin de Muoz saBate, quien la extiende, a su vez, a los hechos nuevos o de nueva noticia, debe ser una posibilidad aplicada tan excepcionalmente como la propia introduccin de alegaciones complementarias, no slo porque corrompa el principio de preclusividad, sino porque puede encubrir actuaciones fraudulentas causantes de indefensin. 616 Y se estima que, en el caso del demandado declarado en rebelda, con mayor motivo, puesto que se corre el peligro de aprovechar la ocasin procesal para, en la prctica, efectuar alegaciones que debi haber realizado a travs de la oportunacontestacin, con independencia de la causa de su incomparecencia en el momento procesal oportuno.Por otra parte, las alegaciones complementarias, las aclaraciones y rectificaciones no estn exentas de lmite alguno, ya que el propio art. 426.1 y 2 LEC dispone que podrn hacerse sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de stas expuestos en sus escritos, de modo que tampoco podr el actor en este caso, al hacer alegaciones complementarias, aclaraciones o rectificaciones, cambiar el contenido de su demanda. En consecuencia, dar la oportunidad al demandado de aportar un dictamen pericial de parte abre realmente la posibilidad de que pueda presentarlo cuando ya es extemporneo en virtud del citado principio de preclusin.En cuanto a lo dispuesto en el art. 426.5 LEC, el citado precepto legal dispone, en relacin con los hechos acaecidos o conocidos conposterioridad a la demanda y la contestacin, a los cuales resulta de aplicacin lo dispuesto en el art. 286.4 LEC (art. 426.4 LEC), que En el acto de la audiencia, las partes podrn aportar documentos y dictmenes que se justifiquen en razn de las alegaciones complementarias, rectificaciones, peticiones, adiciones y hechos nuevos a que se refieren los apartados anteriores de este artculo. Por lo tanto, se da oportunidad al actor y al demandado para que, si de contrario se aduce la existencia de un hecho nuevo o de nueva noticia, puedan, respectivamente, aportar un dictamen pericial de parte, ante lo cual ya se ha expuesto que surgen recelos, ante la posibilidad de que, como seala Muoz saBate, se pase sistemticamente a aportar un dictamen pericial de parte despus de los escritos de alegaciones y en la audiencia previa. 617Finalmente, cabe hacer referencia a la posibilidad de ampliacin del dictamen pericial, contemplada en el art. 427.2 LEC, segn el cual Las partes, si fuere el caso, expresarn lo que convenga a su derecho acerca de los dictmenes periciales presentados hasta ese momento, admitindolos, contradicindolos o proponiendo que sean ampliados en los extremos que determinen. En su virtud, cabe entender que el comentario sobre el dictamen pericial de parte presentado va referido, tanto a la parte contraria a aquella que lo presenta (para admitirlo o contradecirlo), como a la propia parte que presenta el dictamen, o a la contraria (para pedir su ampliacin), puesto que el precepto legal habla de Las partes. Sin embargo, dado que se trata de una ampliacin de dictamen, se estima sera lgico que la peticin de ampliacin la realizase la propia parte que aport el dictamen, en los supuestos contemplados en los arts. 338.1LEC y 426.5 LEC. Y, en consecuencia, puesto que el demandado declarado en rebelda no habr aportado dictamen pericial alguno al acto de audiencia previa, en virtud del principio de preclusin, se considera que difcilmente puede solicitar su ampliacin.IV. En cuanto a si puede el demandado rebelde solicitar la designacin judicial de peritos, ya se ha expuesto que, segn prev el art. 265.1.4 LEC, A toda demanda o contestacin habrn de acompaarse: () 4 Los dictmenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 337 y 339 de esta Ley. En el caso de que alguna de las partes sea titular del derecho de asistencia jurdica gratuita no tendr queaportar con la demanda o con la contestacin el dictamen, sino simplemente anunciarlo de acuerdo con lo que prev el apartado 1 del art. 339. Debe estarse, pues, a lo previsto en el art. 339 LEC acerca de la solicitud de designacin judicial de peritos, que dispone lo siguiente:1. Si cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurdica gratuita, no tendr que aportar con la demanda o la contestacin el dictamen pericial, sino simplemente anunciarlo, a los efectos de que se proceda a la designacin judicial de perito, conforme a lo que se establece en la Ley de Asistencia Jurdica Gratuita.2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen en el caso del apartado anterior, tambin podrn solicitar en sus respectivos escritos iniciales que se proceda a la designacin judicial de perito, si entienden conveniente o necesario para sus intereses la emisin de informe pericial. En tal caso, el tribunal proceder a la designacin, siempre que considere pertinente y til el dictamen pericial solicitado. Dicho dictamen ser a costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.Salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, no se podr solicitar, con posterioridad a la demanda o a la contestacin, informe pericial elaborado por perito designado judicialmente ().Conforme al tenor literal del art. 339.1 y 2 LEC, pues, el anuncio o la solicitud segn se trate o no de parte beneficiaria de asistencia jurdica gratuita de que sea designado judicialmente por el tribunal un perito debe tener lugar, como taxativamente indica el precepto legal, en los escritos de demanda y de contestacin. Adems, se-gn dispone el tercer prrafo del art. 339.2 LEC, La designacin judicial de perito deber realizarse en el plazo de cinco das desde la presentacin de la contestacin a la demanda, con independencia de quien haya solicitado dicha designacin, lo que indica que se hace preciso que el demandado haya formulado contestacin, incluso para proceder a designar judicialmente un perito a instancia del actor, porque, como dispone el primer prrrafo del art. 339.2 LEC, el tribunal proceder a la designacin, siempre que considere pertinente y til el dictamen pericial solicitado, para lo cual necesita, en este caso, examinar la oposicin contenida en la contestacin y los documentos y dictamenes aportados.Por consiguiente, el demandado que haya sido declarado en situacin procesal de rebelda, al no haber comparecido y, por ende, no haber contestado a la demanda, no puede ya en el acto de la audiencia previa hacer ese anuncio ni esa solicitud.nicamente, se estima que, conforme autoriza el art. 339.3 LEC, el demandado tiene la posibilidad de efectuar su solicitud a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia, conforme prev el art. 427.3 y 4 LEC: 3. Si las alegaciones o pretensiones a que se refieren los tres primeros apartados del art. 426 suscitasen en todas o en alguna de las partes la necesidad de aportar al proceso algn dictamen pericial, podrn hacerlo dentro del plazo establecido en el apartado segundo del art. 338. 4. En el mismo casodel apartado anterior, las partes que asistieren a la audiencia, en vez de aportar dictamen del perito que libremente designen, podrn solicitar, en la misma audiencia, la designacin por el tribunal de un perito que dictamine. Esta solicitud se resolver con arreglo a lo establecido en la seccin 5 del captulo VI del Ttulo I del Libro II de esta Ley.En el art. 339.3 LEC, no se alude, pues, a la posibilidad de que se pueda pedir la designacin judicial de perito en todos los supuestos previstos en el art. 426.5 LEC, el cual se refiere, no slo a alegaciones complementarias, aclaraciones y rectificaciones, sino tambin a los hechos nuevos. El art. 339.3 LEC slo se refiere a los supuestos previstos en el art.427.4 LEC, el cual remite nicamente alos tres primeros apartados del art. 426 LEC, es decir, a las alegaciones complementarias, aclaraciones y rectificaciones.Sin embargo, considero que ello no puede obedecer sino a un mero olvido del Legislador, si realmente se quiere otorgar el mismo valor a la prueba pericial de designacin judicial que a la prueba pericial judicial de parte.En definitiva, en virtud del principio de preclusin, al demandado declarado en rebelda, ms all de los limitados supuestos previstos en el art. 426 LEC, en relacin con el art. 338.1 LEC, no le cabe la posibilidad de aportar un dictamen pericial de parte, y no puede tampoco solicitar la designacin judicial de perito, salvo en el supuesto previsto en el ltimo apartado del art. 339.3 LEC. Ello porque lo contrario supondra, adems, hacer de mejor derecho al demandado que no comparece y no contesta a la demanda, sin conocerse los motivos deesa incomparecencia, que aqul que s lo ha hecho, aparte de generar una evidente indefensin en la parte actora, por desconocer hasta la audiencia previa el contenido del dictamen pericial, en el caso de que sea de parte y sea presentado en dicho acto, sin perjuicio de que, frente a la sentencia que se dicte, el demandado declarado en rebelda pueda interponer, si es de su inters, el recurso de apelacin, y el extraordinario por infraccin procesal o el de casacin, cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal (art. 500.1 LEC), o, en su caso, la rescisin o la revisin de la sentencia firme (arts.501 y 510 LEC).Indice sistemtico de jurisprudenciaEl principio de preclusin o de eventualidadSTS Sala 1, de 18 de febrero de 1971, fto. jco. 4 (EDJ 1971/231)Alegaciones permitidas a las partes. Alegaciones complementarias. Principio de preclusin.SAP Madrid, sec. 10, de 2 de octubre de 2007, ftos. Jcos. 3, 4 y 5 (EDJ 2007/256957)La prueba gira sobre lo que se alega (demanda o contestacin)SAP Toledo, sec. 2, de 24 de junio de 2003, fto. Jco. 1 (EDJ 2003/63520)Peligro de introduccin de hechos a travs de la prueba por el demandado rebeldeSAP Pontevedra, sec. 1, de 2 de noviembre de 2005, fto. Jco. 2 (EDJ 2005/228457)Extracto de jurisprudencia relevanteSTS Sala 1, de 18 de febrero de 1971, fto. jco. 4 (EDJ 1971/231). Pte: Taboada Roca, ManuelCuarto. () el principio de preclusin, tambin llamado de even- tualidad, que inspira el proceso, divide a ste en tases en las cuales ha de practicarse la actividad de las partes, de manera que deter- minados actos deben realizarse en determinados perodos, fuera de los cuales no pueden ejercitarse; y, por lo tanto, pasada la fase de alegaciones ya los litigantes no pueden alterar el contenido del proceso, y, todas las alegaciones que impliquen modificacin deben tenerse por no formuladas y tienen que quedar fuera del proceso ().SAP Madrid, sec. 10, de 2 de octubre de 2007 (EDJ 2007/256957). Pte: Illescas Rus, Angel VicenteterCero. En primer trmino se ha de indicar que, como bien observa la parte recurrida, el recurso de apelacin no permite el anlisis de pretensiones que no fueron oportuna y tempestivametne formuladas en la primera instancia.Dentro de los efectos que produce la pendencia del proceso se encuentran la prohibicin de la mutatio libelli por una lado, y por otro los efectos procesales comprendidos genricamente en la denominada ficcin de la litispendencia, sealadamente, la perpetuatio iurisdictionis (perpetuatio personae; perpetuatio obiectus; perpetuatio quantitatis, etc.), tal y como la entiende la jurisprudencia. La prohibicin de la mutatio libelli se contempla en el artculo412 de la L.E.C EDL 2000/77463 ., mientras que la perpetuatio iurisdictionis en su sentido amplio jurisprudencial de que la sentencia no puede tener en consideracin nada queno estuviese plasmado en la demanda, se encuentra recogido en el artculo 413 de la L.E.C EDL 2000/77463 .En el artculo 412 L.E.C EDL 2000/77463 . se prev que establecido el objeto del proceso en la demanda, en la contestacin y en su caso en la reconvencin, las partes no podrn alterarlo posterior- mente. En el artculo 413 L.E.C EDL 2000/77463 . se alude a la perpetuatio iurisdicitionis, estableciendo que no se tendrn en cuenta en la sentencia las innovaciones que, despus de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas que hubiere dado origen a la demanda. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 22 de febrero de 2.001, declar que: Cuando se inicia el proceso, es de acuerdo con el principio de la perpetuatio iurisdictionis SS.T.S. 24 de abril 1.951, 1 julio 1.962, 20 marzo 1.982, 1 octubre 1.983, 6 febrero y 13 abril 1.986, 28 septiembre 1.989, 27 abril 1.991, 17 febrero 1.992, 12 noviembre 1.993, 13 mayo 1.996, 18 y 21 febrero 1.997 5 de mayo 1.998, el momento en relacin al cual deben considerarse los hechos enjuiciados artculo 413 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 .Cuarto. La doctrina cientfica interpreta este precepto entendiendo que son admisibles las alegaciones de modificacin de pretensiones siempre que renan alguna de las caractersticas siguientes:1) Consistir en una supresin o reduccin de las pretensiones interpuestas. 2) Suponer la extensin o ampliacin, cualitativa y cuantitativa, de las pretensiones,siempre que no alteren la peticin inicial, sino que acompaen a la misma por va de aclaracin, conexin o deduccin.Igualmente, se ha precisado que: La prohibicin del cambio de demanda o mutatio libelli se halla contenida en el artculo 412 y trata de evitar la indefensin que puede provocar en el deman-dado cualquier modificacin de las pretensiones formuladas en la demanda, siendo as que las nicas alteraciones admisibles son las que con carcter general recoge el artculo 416 de la LEC EDL 2000/77463 . No debemos olvidar que el demandado necesita organizar su estrategia defensiva en funcin de las pretensiones deducidas por el actor de modo que si se produce una variacin en las mismas, el demandado no podra reaccionar frente a ellas, lo que constituira una evidente infraccin de sus garantas procesales. No obstante, la LEC EDL 2000/77463 s autoriza a las partes a formular alegaciones complementarias (artculo 426), siempre que ello no entrae una alteracin sustancial del objeto del proceso, razn por la cual no es procesalmente correcto ni constitucionalmente lcito que se modifiquen los trminos en los que se ha planteado el debate, ni siquiera aprovechando el trmite de la reconvencin ya que es frecuente utilizar la contestacin a la reconvencin para alterar los fundamentos de la pretensin inicialmente deducida. Hay que tener presente que la prohibicin del cambio de demanda obedece a la necesidad de proteger el inters del demandado por lo que habra de admitirse siempre que ste preste su consentimiento y sirva para la resolucin anticipada del proceso.As lo han venido entendiendo tambin nuestros Tribunales y, a ttulo de ejemplo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en su Sentencia de fecha 24 de mayo de 2002 que analizaba un caso similar al que nos ocupa,seal:El artculo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, dice: 1.Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestacin, y, en su caso, en la reconvencin, las partes no podrn alterarlo posteriormente. 2.-Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse sin perjuicio de la facultad de formular alegaciones complementarias, en los trminos previstos en la Ley. El artculo 426 dice: 1.-En la audiencia, los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de stas expuestos en sus escritos, podrn efectuar alegaciones complementarias en relacin con lo expuesto de contrario. Visto que la pretensin de la actora de que se estime la demanda, no en base ala Ley General de Publicidad, sino por la Ley de Proteccin al honor, la intimidad y la propia imagen (RCL 198211197;, o por aplicacin del artculo 1902, es una alteracin sustancial de las pretensiones, pues los dos primeros pedimentos del suplico se contraen a la declaracin de la existencia de una publicidad ilcita, y por supuesto de los fundamentos, en tanto no es que se altere la calificacin jurdica, es que se altera la accin que se ejercita, debe rechazarse tal pretensin por ser totalmente contraria a las normas que rigen el proceso civil. Finalmente, a la vista de las alegaciones del recurrente, procede sealar que tal como se expresa en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1999 el principio jura novit curia implica que el rgano judicial conoce el Derecho aplicable a la causa petendi y petitum de la demanda, y no est vinculado a la aplicacin de los preceptos leqales citados en la demanda como apoyo del petitum: Pero en ningn caso puede alterarse ni modificarse la causa de pedir, que en el presente caso, era la existencia de actos de publicidad ilcita, ni el petitum; que, en el presente caso, era que se declare que los actos del demandado constituyen publicidad ilcita.Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de mayo de 2002, dispuso:() sabido es que en relacin con el objeto del proceso carecen de eficacia las innovaciones que despus de iniciado el juicio introduzca el demandado o un tercero en el estado de los hechos o de las personas o de las cosas que hubieren dado origen a la demanda, conforme al principio ut lite penden te nihil innovetur.En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de marzo de 2002, segn la cual:El planteamiento se rechaza porque constituye una cuestin nueva, ya que no se suscit en el momento procesal adecuado (fase de alegaciones), por lo que se contradicen los principios lite pendente nihil innovetur y iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium, siendo evidentemente extemporneo el escritode resumen de pruebas del art. 701 LECiv EDL 2000/77463 para formular cuestiones como la que es objeto del motivo.Resulta muy clara y contundente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 8 de mayo de 2002 ), segn la cual:El principio procesal perpetuatio iurisdictionis, se refiere no slo a las circunstancias que determinan la competencia de un rgano jurisdiccional al tiempo de constituirse la relacin jurdico procesal, sino tambin el objeto del proceso, en cuanto ha de negrsele eficacia a las variaciones que despus de iniciado el procedimiento introduzcan las partes sobre el estado de los hechos,personas o casos contemplados en la demanda y contestacin conforme al principio ut lite pendente nihil innovetur. Tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de 19 de diciembre de 1983 \6962) y 3 de diciembre de 1990, el principio de preclusin vigente en nuestro ordenamiento, exige que cada acto o actividad procesal se realice dentro de la fase o perodo que tenga asignado, en consecuencia, como n

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